El pueblo votante de la República Dominicana conserva la Ley Electoral número 275-97, que regula la campaña política, estableciendo límites y prohibiciones para avalar la transparencia y equidad.

Establece como punto radiante que durante la campaña, los partidos políticos y candidatos pueden realizar actos de campaña, pero con restricciones como la prohibición de utilizar medios públicos para fines electorales y la regulación de la publicidad electoral.

Estas regulaciones que son el producto de la Ley Electoral, las conocen al dedillo los partidos y sus aspirantes a cargos electivos en todo el demarcación doméstico, pero son violentadas a los luceros de los funcionarios que componen la Asociación Central Electoral.

Regularmente aquí en el municipio de San Francisco de Macorís, cada fin de semana se desplazan aspirantes a las candidaturas presidenciales tal y como si estuviéramos en los tiempos de la campaña electoral, disfrazando su campaña con alegados encuentros con militantes de sus respectivos partidos.

Favorecemos que desde las altas instancias de la Asociación Central Electoral, se apliquen las sanciones que establece la Ley, de modo particular contra los llamados partidos mayoritarios, como son, Partido Revolucionario Novedoso, Partido la Fuerza del Pueblo y Partido de la Independencia Dominicana.

Mano a la obra, señores de la Asociación Central Electoral…¡¡¡

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