La suspensión de un coronel, un capitán y varios suboficiales, todos de la Policía Doméstico, por supuesta sustracción de hacienda mientras realizaban una investigación, ha generado un extendido interés en la población.

Desde las esferas oficiales nadie todavía ha identificado a los investigados, pero los interesados en este detalle hacen diligencias y fruto de esos esfuerzos andan por ahí nombres, apellidos y rangos.
Importante, en todo caso, es la investigación del caso, que sirve de advertencia contra una actos dañina.

En su discurso del viernes pasado con ocasión de su comparecencia frente a la Asamblea Doméstico, el presidente Luis Abinader se refirió al tema de la corrupción, un flagelo que permea el servicio divulgado de en lo alto a debajo.

Y ratificó en la ocasión su postura de inflexibilidad frente a esta mancha de la que no ha conseguido salir ilesa ninguna empresa.

Para el sentido global la corrupción tiene lado en las altas esferas de la Oficina pública, pero esta es una visión limitada que afecta incluso a los responsables de perseguirla.

Ocurre todavía cercano a la masa, como cuando agentes policiales de cualquier rango se ponen de acuerdo para robar mercancías o hacienda. Un caso muy sonado de este tipo salió a la luz en Barahona, noviembre de 2021, cuando doce agentes, entre ellos un oficial, fueron separados de la Policía y conducidos frente a la conciencia por haberse apropiado de cientos de paquetes de cocaína en una de tantas operaciones contra el narcotráfico en el sur del país.

Por su naturaleza, el corpulento del trabajo de un policía se desenvuelve en los peores ambientes de la sociedad.

Por lo gastado no siempre están blindados contra tentaciones.
Esto es lo que lleva a la ministra de Interior, Faride Raful, a quejarse de que todavía tienen policías en los que no ha entrado una reforma a la que tanto esfuerzo dedica el Gobierno.