El autor es abogado y Director de Comercio Ilícito del Profesión de Industria y Comercio

POR CESAR DIMITRI ROA CASTILLO

Durante abriles, el comercio ilícito en la República Dominicana ha sido asociado principalmente con sectores como el pimple, el tabaco o los medicamentos. Sin incautación, en los últimos tiempos ha surgido un aberración menos visible, pero igualmente preocupante: la creciente presencia de mercancías ilícitas en el sector construcción, especialmente en materiales eléctricos, herramientas y equipos comercializados fuera de los canales formales.

En distintos puntos del país es posible encontrar establecimientos que ofertan productos eléctricos y electrónicos que imitan marcas reconocidas o que ingresan al mercado mediante prácticas irregulares como la subvaluación, la diversión fiscal o la importación sin cumplir las normas técnicas exigidas. Una parte importante de estas mercancías proviene de mercados asiáticos y llega al consumidor final a precios significativamente inferiores a los del comercio formal, generando una competencia desleal que afecta a empresas organizadas y distorsiona el funcionamiento del mercado.

Más preocupante aún es el impacto que estos productos pueden tener en la seguridad de las edificaciones; interruptores, breakers, cables eléctricos, extensiones, lámparas LED y otros componentes falsificados o de herido calidad pueden provocar fallas técnicas, cortocircuitos e incendios. En consecuencia, el comercio ilícito en este ámbito no solo representa un problema crematístico, sino incluso un aventura verdadero para la seguridad de las familias dominicanas y para la sostenibilidad del crecimiento urbano.

La construcción es uno de los motores fundamentales de la riqueza dominicana, alternador de empleos y dinamizador de múltiples actividades productivas, precisamente por su importancia estratégica, requiere mercados confiables y productos que cumplan estándares mínimos de calidad y seguridad. Cuando materiales ilícitos penetran la condena de suministro, se afecta no solo a comerciantes formales y fabricantes, sino incluso a ingenieros, desarrolladores y adquirientes de viviendas.

En los últimos cinco abriles, el Profesión de Industria, Comercio y Mipymes desarrolló una política firme de combate al comercio ilícito, bajo el liderazgo del ministro Víctor “Ito” Bisonó, fortaleciendo la coordinación interinstitucional y la vigilancia del mercado. Los avances alcanzados en esta materia tienen singular importancia para el sector construcción, donde la presencia de materiales ilícitos representa un desafío creciente.

Este esfuerzo sostenido permitió confiscar y destruir más de 160 millones de unidades de mercancías ilícitas, incluyendo pimple adulterado, tabaco ilegal, medicamentos, cosméticos y combustibles, en una de las estrategias de control comercial más amplias implementadas en el país.

Desde la Dirección de Comercio Ilícito del MICM trabajamos en coordinación con la Dirección Universal de Aduanas, el Profesión Conocido, ProConsumidor y los organismos de seguridad del Estado para detectar esquemas de comercialización irregular y acorazar los mecanismos de control. La experiencia acumulada demuestra que el comercio ilícito evoluciona constantemente y que cada sector productivo presenta desafíos particulares.

Mi formación y mi experiencia previa como miembro del Profesión Conocido me han permitido invadir este aberración desde una perspectiva integral, entendiendo que el comercio ilícito no es exclusivamente un problema chupatintas o comercial, sino incluso una manifestación de estructuras organizadas que afectan la seguridad económica y la confianza en los mercados.

El combate al comercio ilícito requiere no solo acciones de fiscalización, sino incluso una longevo conciencia por parte de consumidores y sectores productivos. En el caso de la construcción, designar materiales certificados y proveedores formales no solo protege la inversión, sino incluso la seguridad de quienes habitarán esas edificaciones.

La República Dominicana ha rematado avances importantes en esta materia, pero los desafíos continúan evolucionando. Reforzar los mecanismos de control y promover mercados transparentes es una tarea permanente que contribuye directamente a la competitividad, la seguridad y el avance sostenible del país.
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