En un discurso afectado por un tono firme y categórico, el presidente Luis Abinader instruyó este viernes al Equipo de Recuperación del Patrimonio Manifiesto (ERPP) a no detenerse hasta alcanzar la devolución total de los medios sustraídos al Estado en casos de corrupción administrativa.

La disposición del superior de Estado fue anunciada durante su rendición de cuentas en presencia de la Asamblea Franquista, escena en el que el mandatario reafirmó que en su gobierno “no habrá escondites, no habrá silencio cómplice ni habrá poder para quien esté o se crea por encima de la ley”.

“Mi compromiso es claro: tendrán que devolver hasta el zaguero peso de lo robado”, enfatizó el superior de Estado, al dejar sentado que el Gobierno continuará constituyéndose en actor civil en los procesos judiciales vinculados al desfalco de fondos públicos.

Abinader hizo remisión a casos como el de la prestadora de servicios del Seguro Franquista de Lozanía (SeNaSa), subrayando que quienes resulten responsables no solo enfrentarán consecuencias penales, sino incluso la obligación de reparar económicamente al Estado.

Sin intocables

El mandatario sostuvo que desde su arribada al poder impulsó el fortalecimiento de la independencia del Empleo Manifiesto y el respeto a la separación de poderes, como pilares para avalar que la ley trascendencia a todos por igual.

“En este gobierno no existen intocables. No existen protegidos. No existen excusas. Nadie está por encima de la ley”, reiteró en presencia de legisladores, funcionarios y representantes de distintos sectores del país.

El ERPP, encargado de coordinar las acciones de recuperación de ingresos públicos, está integrado por Fernando P. Henríquez como coordinador común, pegado a Manuel Conde Cabrera y Rafael Rivas Solano.

Con esta instrucción, el presidente Abinader reafirma la serie de su agencia en materia de transparencia y rendición de cuentas, colocando la recuperación del patrimonio manifiesto como un eje central en la lucha contra la corrupción y en la consolidación de la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.