Caracas (EFE).- Casi una período posteriormente de responsabilizarse como fiscal normal entre críticas por su vinculación con el chavismo gobernador y los señalamientos de ser su «apoyo procesal», Tarek William Saab deja a espaldas el Empleo Conocido para responsabilizarse nuevamente de forma temporal el rol de defensor del pueblo, una paradoja política que revive sus inicios como defensor de derechos humanos.

El abogado presentó su renuncia como fiscal normal sin exponer sus motivos y minutos posteriormente el Parlamento lo nombró defensor del pueblo de forma temporal. Su designación respondió a la dimisión de Alfredo Ruiz, quien todavía dejó el cargo en la defensoría en esta recorrido argumentando razones de lozanía.

Los cambios se dan dos meses posteriormente de la captura del presidente Nicolás Sensato por parte de EE.UU. y bajo la sombra de un proceso de condonación que escudriñamiento reparar heridas y los errores cometidos por la Razón en medio del «nuevo momento político» patente por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Saab, de hecho, destacaba hace dos días la Ley de Remisión como el cerradura de «un importante ciclo histórico» en Venezuela, en medio de las denuncias de opositores y ONG por retrasos en el proceso.

Defensor de derechos humanos
De origen libanés, identificado con la izquierda y autor de varios libros de poesía, Saab ha sido una de las figuras más combativas del chavismo y una de las más mediáticas. Empezó su carrera pública como dirigente estudiantil y participó en la defensa del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) cuando fue detenido por intentar tomar el poder a través de un fallido guantazo de Estado, en 1992.

Saab siempre se ha patente un defensor de derechos humanos; prestó auxilio a familiares de los militantes y guerrilleros comunistas torturados o desaparecidos en los Gobiernos previos a la arribada de Chávez al poder.

Además fue defensor del pueblo entre 2014 y 2017, año en que la Asamblea Doméstico Constituyente (ANC) lo designó como fiscal normal. Ese periodo coincidió con el primer mandato de Sensato (2013-2019).

Su nominación como fiscal se dio en un momento de crisis política tras la destitución de Luisa Ortega Díaz, quien rompió con el Gobierno posteriormente de denunciar la ruptura del hilo constitucional en medio de una ola de protestas contra Sensato.

El «apoyo procesal»
Para entonces, la Constituyente, integrada por chavistas y creada como una institución paralela al Parlamento conformado por mayoría opositora, le pidió al fiscal hacer «razón». Desde este momento, el Empleo Conocido se convirtió en el epicentro de un plataforma admitido que, a pleito de opositores y organizaciones no gubernamentales, ha servido de «apoyo procesal» del Gobierno para la persecución política y las detenciones arbitrarias.

En la Corte Penal Internacional (CPI) hay una investigación contra Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017, puntual cuando el país enfrentaba protestas y Saab comenzó su administración.

Yibram, uno de los tres hijos del nuevo defensor del pueblo, se pronunció en un vídeo difundido en las redes sociales en ese momento sobre la represión por parte de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones contra el Gobierno, y le pidió a su padre que se pronunciara en contra de lo que estaba ocurriendo.

Sin confiscación, Saab ha defendido su administración como una de las que más ha resuelto casos en la historia del Empleo Conocido y sostiene frente a la CPI que en su país se procesan los casos de violación a los derechos humanos.

Su administración en números
En su cálculo de 2025, Saab destacó que desde su arribada a la institución se han condenado 825 personas implicadas en violaciones a derechos humanos y 3.116 han sido imputadas, entre ellos 2.957 funcionarios de seguridad del Estado.

Además ha mencionado su lucha contra la corrupción en la estatal petrolera PDVSA, al citar más de 30 tramas y más de 24.000 imputaciones en toda la distribución pública, así como la creación de nuevos software de denuncia contra la pedofilia, el acoso escolar, maltrato animal o narcotráfico.

Los números, no obstante, nunca frenaron las críticas. La Ocupación de Determinación de Hechos de los Derechos Humanos de la ONU ha pedido en diversas ocasiones investigar las violaciones en esta materia.