Santo Domingo.– El Colectivo Migración y Derechos Humanos expresó su profunda preocupación delante las afectaciones al derecho a la vigor de personas migrantes en situación irregular, en el contexto de la implementación de recientes medidas de control migratorio, particularmente en centros de vigor públicos.

Según el Colectivo, la aplicación de las denominadas “15 medidas” ha generado un clima de miedo e incertidumbre que está impactando el golpe efectivo a la atención médica, especialmente en el caso de mujeres embarazadas, recién nacidos, niños y niñas.

La ordenamiento señaló que la disminución en la presencia de mujeres extranjeras en maternidades y otros servicios hospitalarios —reportada recientemente por el presidente del Colegio Médico Dominicano— coincide temporalmente con la entrada en vigencia de dichas medidas. “Si esta reducción argumenta al temor de ser detenidas o deportadas al asistir a un centro de vigor, se trataría de una señal intranquilizante desde el punto de olfato taza y humanitario”.

“Cuando una población delicado deja de despabilarse atención médica por miedo, se incrementan los riesgos individuales y colectivos”, indicó el Colectivo en un comunicado.

En relación con las declaraciones sobre supuestas “negociaciones soterradas” vinculadas a la atención de personas indocumentadas, el Colectivo sostuvo que cualquier irregularidad administrativa o posible acto de corrupción debe ser investigado con transparencia y rigor. No obstante, advirtió que investigar faltas administrativas no puede traducirse en la instalación de la idea de que los servicios de vigor brindados a personas indocumentadas —en particular a mujeres embarazadas— son en sí mismos sospechosos.

“Desde una perspectiva de derechos humanos y vigor pública, la atención materna no constituye una concesión migratoria, sino un deber del Estado. La Ley 42-01 Militar de Salubridad establece la obligación de respaldar servicios en todos los niveles y reconoce prioridad en la atención para mujeres embarazadas, niños y niñas, sin introducir distinción por cuna o status migratorio en el momento de la prestación del servicio”, indica el comunicado.

Añadió que desmentir o dificultar el golpe a controles prenatales o a servicios hospitalarios no solo pone en aventura la vida de la hermana, sino incluso la del recién nacido. “La vigor materna y neonatal es un asunto de vigor pública colectiva y no una variable subordinada al debate migratorio”.

Asimismo, el Colectivo recordó que la Ley 136-03 y la Convención sobre los Derechos del Crío establecen que el interés superior del irreflexivo debe prevalecer en toda audacia que les afecte. Ese principio no distingue cuna ni status migratorio. Un recién nacido, independientemente del origen de su hermana, es sujeto de protección reforzada por parte del Estado.

Para la ordenamiento, la disminución de embarazadas extranjeras en los centros hospitalarios debe analizarse con responsabilidad. Si argumenta al miedo o a la percepción de salvedad, se estaría delante una barrera indirecta al gimnasia de derechos fundamentales que requiere atención urgente.