Por: Limber Ramírez Díaz

LA ROMANA. A pesar de las insistentes medidas que el Estado dominicano promueve para la formalización de las pequeñas y medianas empresas, los esfuerzos aún están remotamente de alcanzar su cometido.
Esto se debe a que un suspensión porcentaje de pequeños comerciantes y emprendedores teme regularizarse por las cargas impositivas, la complejidad y los excesos en los procesos burocráticos, por otra parte de la inversión de altas sumas de efectivo que deben acreditar de inicio para poder registrarse, sin que aún hayan facturado un solo peso.

ORIGEN DE LA INFORMALIDAD
Según datos del Sotabanco Central de la República Dominicana, la tasa de ocupación informal a nivel doméstico se situó en aproximadamente 54.6 % al vallado de 2025. Durante el período comprendido entre julio y septiembre de ese año, el país registró 2,421,852 empleos formales frente a 2,371,024 empleos informales, una diferencia mínima que evidencia la fragilidad del mercado gremial formal.

Este círculo implica que más de la parte de los trabajadores dominicanos operan fuera del sistema de seguridad social, sin ataque a pensiones, seguro de vitalidad ni protección gremial. En consecuencia, el empleo informal se asocia directamente con mayores niveles de vulnerabilidad económica y último estabilidad a prolongado plazo.

Otras estadísticas arrojan que, en la provincia de La Romana, hay una población económicamente activa de 115,588 personas, de las cuales 99,561 están ocupadas (46.9 %), mientras que 7,201, es opinar, el 13.87 %, están desocupadas.

Los empleados a sueldo ascienden a más de 48,320, lo que equivale al 48.54 %, y los que trabajan por cuenta propia son 32,601, para un 32.75 %. Este casi 14 % de personas desocupadas provoca que busquen la forma de subsistir creando pequeños negocios informales o emprendimientos.

Entre los negocios más adoptados en los últimos 15 primaveras en esta ciudad de La Romana están los populares carritos de liquidación de desayunos, especialmente los conocidos “tapaos”, que consisten en dos yaniqueques con un huevo, pierna o longaniza adentro, por otra parte de las ventas de sándwiches, fritas, vendedores de yunyún, jugos y incluso las guagüitas vendedoras de víveres y un sinfín de productos y objetos que llegan desde otras provincias para entregar en La Romana, adecuado a su auge y movimiento crematístico. Todo esto crea un cóctel informal que sirve de sustento a miles de familias.

CONTABLE
El contable y experto en registro de empresas Amaury Cedeno destaca que, ciertamente, el Estado ha creado varios mecanismos y herramientas, especialmente tecnológicas, para unir a los dueños de negocios informales; sin requisa, aún existen procesos extensos y gastos que alejan a los comerciantes.

Asegura que, desde el primer paso —registrar el nombre en ONAPI— hasta concluir todos los procesos, se puede incurrir en gastos de hasta 20 mil pesos, sin contar los viajes a Santo Domingo ni la consultoría de un contador o abogado, lo que dificulta que una pequeña empresa pueda registrarse. A pesar de que incluso aclara que para las Mipymes existe decano flexibilidad, las personas temen al suscripción de impuestos.

COMERCIANTES MIPYMES Y EMPRENDEDORES
En esa postura, varios comerciantes informales de diversos tipos de negocios, quienes prefirieron sostener sus nombres en el anonimato, coinciden en que temen formalizar sus negocios adecuado a que están seguros de que, desde que registren sus nombres, la DGII les cargará impuestos y pagos.

Sostienen que los gastos de registro de nombre, constitución de actas, pagos de tópico, empleados, energía eléctrica, entre otros, les impiden formalizarse, por otra parte de los procesos burocráticos, los cuales son extensos y costosos.

En ese orden, uno de los comerciantes ofreció un certificación de que, hace cerca de de tres primaveras, inició un pequeño negocio con el objetivo de certificar la seguridad gremial y de vitalidad de sus empleados. Destaca que, pegado a la contable, sometieron la documentación de dos empleados para su registro y que, solo por esos dos empleados, le estaban cobrando RD$18,000 pesos, por lo que de inmediato desistió del proceso de formalización.

“Un negocio pequeño, iniciando, y que esas gentes me salieron con eso. Imagínate que yo hubiese sometido a cinco empleados más, cuánto yo tendría que acreditar, por otra parte de todos los demás gastos. Eso es demasiado. El Gobierno tiene que ayudar a los pequeños negociantes de una mejor forma”, dijo el comerciante.

ACERCAMIENTOS Y BENEFICIOS
De su flanco, el director de la oficina provincial de La Romana del Tarea de Industria, Comercio y Mipymes, Francisco Ceballos, afirmó que el Gobierno está realizando insistentes esfuerzos para unir a las Mipymes y demás empresas a formalizarse.
Destacó que, a finales del pasado año, se llevó a extremo una actividad de acercamiento a comerciantes y emprendedores, en la que se les apoyó en sus diversos proyectos. Señaló, por otra parte, que estar registrados les abre las puertas no solo al mercado doméstico, sino incluso al comercio internacional.

Indicó que pueden solicitar préstamos a tasas blandas para impulsar negocios, por otra parte de la consultoría y capacitación constante de esa institución, así como la fianza de beneficios de vitalidad en caso de accidentes laborales.

Además mencionó que una de las políticas que el Estado ha creado es la Ventanilla Única Supuesto, que permite a los micros y medianos empresarios registrarse de modo cibernética sin la ayuda de una tercera persona.

Por su flanco, el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de La Romana, Juan Francisco Melo, y el director ejecutor Ramón Beras informaron que desde esa institución tienen una visión diferente de cómo ir resolviendo poco a poco la informalidad.

Destacan que cuentan con 322 empresas y negocios afiliados, lo que evidencia la informalidad existente, a pesar de los esfuerzos de la DGII, que está persiguiendo la informalidad, incluyendo a varios negocios chinos.

Subrayan que es un proceso que comienza con la información y que la Cámara está motivando a formar un clúster, con un acercamiento peculiar a los dueños de colmados, para que conozcan los beneficios de tener su RNC y las facilidades que pueden obtener, como préstamos, consideraciones impositivas y conocimiento de las leyes que les permitirán exoneraciones.

Aseveran que los negocios informales son mayores en cuerpo que los formales. “Tú no le puedes opinar a un individuo que puso un negocio de tapaos o chimichurris en una cúspide que pague impuestos, Infotep, ARS y AFP, porque no les alcanza para eso”.

Melo precisa que primero hay que incentivar y formalizar al comerciante, orientar, concientizar e informar, para que tengan una conciencia financiera, puedan crecer y luego ir asumiendo los impuestos, pero no de gracia.
“Mi recomendación es que primero registren el nombre, que lo pueden hacer por 2 o 3 mil pesos, y luego realicen su registro mercantil. Ya para registrar una compañía es otro proceso, y esto les permite figurar en el entorno procesal”, concluyó.

ECONOMISTA
El economista Javier González enfoca la problemática desde varios ángulos. Sostiene que los negocios informales son la posesiones invisible que sostiene el consumo doméstico. Afirma que la informalidad afecta de modo desproporcionada a los sectores más vulnerables y que se estima que cerca del 70 % de las mujeres ocupadas y el 72 % de los jóvenes menores de 30 primaveras trabajan en condiciones informales, lo que limita su ataque a derechos laborales básicos.

Asimismo, los ingresos en el sector informal son significativamente más bajos. Cerca del 40 % de los trabajadores informales no alcanza el salario promedio de su sector, contribuyendo al aberración de la pobreza gremial. Aunque algunos indicadores han mostrado mejoras moderadas en la calidad del empleo, la informalidad continúa caracterizándose por la partida de estabilidad contractual y beneficios sociales.

IMPACTO ECONÓMICO NEGATIVO
Desde una perspectiva productiva, la informalidad limita el potencial de crecimiento crematístico. Las empresas informales operan generalmente a pequeña escalera, con ataque definido a financiamiento, tecnología y renta humano especializado. Esto reduce su capacidad de innovar, expandirse y aumentar su productividad.

Las empresas formales, que cumplen con obligaciones fiscales y regulatorias, enfrentan desventajas frente a unidades informales que operan con menores costos. Esta desproporcionalidad debilita el entorno empresarial y reduce los incentivos para la inversión formal.
A prolongado plazo, la informalidad limita la acumulación de renta y afecta el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), reduciendo el potencial de mejora crematístico del país.

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