El presidente de la Asamblea Doméstico (AN, Parlamento) de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguezadmitió este jueves el uso inadecuado de la Ley contra el odio -cuestionada por defensores de derechos humanos- y consideró posible una reforma de esta constitución que establece penas de hasta 20 primaveras de calabozo, durante el debate para la aprobación de una histórica perdón.

El principal parlamentario aseguró que la Ley contra el odio es “muy útil”, pero reconoció que “hubo situaciones de mala utilización” y aplicación de esta constitución.

“Eso es verdad y tiene que ser corregido“, afirmó.

En este sentido, señaló que el Software por la Convivencia Democrática que impulsa el diálogo político en el país a petición de la presidenta encargada, Delcy Rodríguezse encuentra “estudiando los alcances” de esta ley, y adelantó que es “muy probable” su reforma en la AN.

“¿Quién lo va a corregir? El Software por la convivencia democráticay todavía la comisión de seguimiento de la ley de perdón”, agregó.

Contexto y críticas a la Ley Constitucional contra el Odio

El presidente parlamentario hizo estas declaraciones durante el debate que llevó a la aprobación definitiva de una histórica Ley de perdón en Venezuela.

• La Ley Constitucional contra el Odiopor la Convivencia Pacífica y la Tolerancia fue aprobada en noviembre de 2017 por la chavista Asamblea Doméstico Constituyenteinstalada ese año en paralelo al Parlamento mayoritariamente disidente, tras meses de crisis política y masivas protestas antigubernamentales en el país suramericano.

Su aprobación se hizo tras una solicitud expresa del presidente Nicolás Provecto para rematar con los supuestos mensajes de “odio” que, según el oficialismo, dispararon la ola de protestas que sacudieron el país entre abril y agosto de ese año.

Esta constitución establece penas de hasta 20 primaveras de calabozo contra los llamados “delitos de odio” y desde entonces ha sido criticada por defensores de derechos humanos y ONG, como Espacio Notorioque en 2023 denunció que ha sido usada como un útil “para perseguir a personas por expresiones incómodas o críticas frente a ciertos sectores de poder”.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la examen mayoritaria de Venezuela, ha calificado esta constitución como parte de un “entorno procesal represivo“.

En medio de las consultas públicas de la perdón, la Conferencia Obispal de Venezuela (CEV) todavía respaldó derogar legislaciones que “coartan derechos fundamentales“, entre las que incluyó la Ley contra el odio.