La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, instó este miércoles a la defensa de Gonzalo Castillo, imputado en el Caso Calamar, a “no yantar ansias”.

Ortiz aclaró que el Profesión Manifiesto aún no ha iniciado la réplica formal a dicho imputado, la cual tendrá oportunidad en la próxima audiencia fijada para el miércoles.

Esta comunicación surge como respuesta a los abogados de Castillo, que aseguro que el caso no prosperará por “insuficiencia de pruebas”, afirmando incluso que el expediente está “protegido con algodón” y que no llegará a sumario de fondo.

Pruebas de pagos irregulares

La magistrada Ortiz aseguró que el Profesión Manifiesto seguirá demostrando cómo operaba la red. “Hemos probado cómo desde el Profesión de Hacienda, el orden dirigido por el exfuncionario Donald Luchador, pagó a personas fallecidas o sin calidad justo.

Se entregó a una estructura, dirigida en parte por Arcángel Lockward, más del 65% de lo que supuestamente se adeudaba a los acreedores”, puntualizó.

Frente a esto, la Pepca lanzó una pregunta retórica al tribunal: “¿Quién que se sienta merecedor verdadero de un derecho dona a quienes no han hecho nadie más del 65% de lo que cree suyo?”. Según Ortiz, esto evidencia que el único objetivo de la estructura era obtener pasta notorio de forma rápida mediante maniobras fraudulentas.

Continuación del sumario

Mirna Ortiz ofreció estas declaraciones al salir del Cuarto Auditoría de la Instrucción del Distrito Franquista, luego de que la jueza Altagracia Ramírez aplazara la audiencia preliminar.

En el Caso Calamar figuran como principales implicados los exministros Donald Luchador, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo. Igualmente están señalados:Daniel Omar Caamaño, excontralor normal, Luis Miguel Piccirillo, exdirector del CEA, Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Franquista, Óscar Chalas y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar.

Según el víscera acusador, los implicados habrían desviado más de RD$19,000 millones mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos y presuntos sobornos para financiar la campaña electoral de 2020.