Santo Domingo.- La Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE) presentó una propuesta integral que señala la ruta para modernizar el situación constitucional vivo y consolidar una minería responsable alineada con los estándares internacionales.

El documento técnico “Una nueva ley minera: reglas claras para el expansión de la República Dominicana” propone una hoja de ruta concreta que incluye una Ventanilla Única Minera con plazos definidos y trazabilidad digital, monitoreo ambiental en tiempo vivo con cojín científica, garantías financieras para los planes de clausura desde el inicio de cada esquema y mecanismos transparentes para la diligencia de los beneficios territoriales.

Estas medidas, que se enmarca en las conversaciones y mesas de trabajo que se desarrollan de cara a Meta RD 2036, buscan traducir la modernización constitucional en una aparejo efectiva para acorazar la institucionalidad, ordenar la rectoría del Estado y apoyar que la actividad minera opere bajo reglas claras, fiscalización moderna y estándares ambientales rigurosos, en coherencia con la visión de crecimiento sostenible, competitividad y expansión territorial.

La comprensión del cruce estuvo a cargo de Pedro Mancera, presidente del consejo de directores de CAMIPE, quien subrayó que la propuesta nace de una profunda consejo sobre la condición de dotar al país de herramientas legales modernas. Durante su intervención, Mancera enfatizó que la coetáneo Ley 146-71, con más de 50 primaveras de caducidad, opera desconectada de la Constitución de 2010 y de la efectividad institucional coetáneo.

“Dejemos antes los debates ideológicos y enfoquémonos en la evidencia y la técnica. Actualicemos nuestras leyes para que el Estado pueda fiscalizar con eficiencia y las empresas podamos modificar con certeza. Construyamos un sistema donde el orden, la ley y la transparencia sean los pilares de una prosperidad que todos podamos comprobar”, afirmó el ejecutor.

Asimismo, enfatizó que la modernización debe traducirse en reglas verificables y fiscalización efectiva: “No estamos pidiendo que se flexibilicen los controles; al contrario, pedimos que los controles sean más inteligentes, trazables y automáticos”.

Diálogo multisectorial

En el situación de la presentación, se desarrolló un panel de parada nivel moderado por Iban Campo, director universal de LLYC en República Dominicana, concebido como un espacio de prospección plural y basado en evidencia. La conversación reunió a Martín Valerio, director ejecutor de CAMIPE; el padre Eugenio Rivas, rector del Instituto Superior Pedro Francisco Bonó (ISPFB); Eduardo Verdeja, presidente de la Sociedad Dominicana de Mineralografía; Roberto Despradel, de Despradel & Asociados; y el patrón Roberto Herrera, integrando miradas desde el sector productivo, la agrupación, la mineralografía, el prospección crematístico y el liderazgo empresarial.

Durante el diálogo se abordaron temas secreto como la fragmentación institucional, la discrecionalidad administrativa y la extensión de los procesos de permisología, fundamentos que hoy inciden en la competitividad y en la capacidad del Estado para ejercitar una rectoría clara y coherente. Los participantes coincidieron en la condición de avanzar cerca de un sistema con plazos definidos, decano coordinación interinstitucional y mecanismos de fiscalización científica que fortalezcan la transparencia y la confianza pública.

En ese contexto, Martín Valerio, director ejecutor de CAMIPE, destacó uno de los pilares centrales de la propuesta: “Estamos planteando la creación de un Fondo de Avance Territorial que garantice que el 5 % de los beneficios netos sea un aparato de inversión específico garantizada. Queremos que esos capital viajen directamente de la operación minera a las obras que las comunidades necesitan, asegurando que el impacto del sector se perciba de modo directa y tangible en el bienestar de la masa”.

La propuesta presentada incluso hace hincapié en el rigor ambiental, planteando el uso de tecnología de punta para el monitoreo de agua y brisa en tiempo vivo, así como la definición científica de “zonas de excepción”.

Al clausura de la actividad, se recordó el peso del sector en la estabilidad económica franquista, resaltando que en 2025 la minería representó el 51.91 % de las exportaciones totales del país.