La procuradora común de la República, Yeni Berenice Reynoso, ordenó una investigación exhaustiva e inmediata sobre las afectaciones, ocupaciones ilegales y posibles fraudes inmobiliarios en diversas áreas protegidas del país, incluyendo el Parque Doméstico Jaragua, la zona de Bucanyé, Valle Nuevo, las Dunas de Baní, la Sierra de Bahoruco y el Parque Doméstico Hoyo del Pino.

Para ello, Reynoso designó una fuerza de tarea particular conformada por titulares de diversas áreas especializadas, bajo la coordinación del procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección Genérico de Persecución del Empleo Sabido.

Según lo dispuesto por la funcionaria, el equipo debe extender sus indagatorias a “todos los actos jurídicos, administrativos o transacciones que hayan regalado oportunidad a la expedición de títulos de propiedad o acciones privadas que afecten la integridad de estas áreas protegidas”.

Su objetivo es determinar la existencia de entramados criminales, corrupción, falsificación o prevaricación que hayan facilitado el apoderamiento de patrimonio conocido natural, explicó la instrucción de Reynoso, dada a conocer en un comunicado por la Procuraduría Genérico.

Asimismo, la procuradora dispuso que la fuerza de tarea designada realice, en conjunto con el Empleo de Medio Esfera y Posibles Naturales, un noticia pormenorizado sobre la situación jurídica y el impacto de los delitos medioambientales en los 134 espacios que conforman el Sistema Doméstico de Áreas Protegidas (SINAP).