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Siempre he creído que la verdadera transformación nace de la cooperación. En la educación ocurre con naturaleza: quien aprende y luego enseña fortalece el conocimiento colectivo. Es una dinámica en la que nadie pierde; todos aportan. Esa misma método puede aplicarse a la seguridad ciudadana en nuestra provincia.
En Duarte, la coordinación entre el Profesión Notorio y la Policía Doméstico ha mostrado resultados que merecen descomposición. Más allá de nombres propios, lo relevante ha sido la articulación institucional, la planificación conjunta y la continuidad en las estrategias aplicadas.
Un apunte ilustra este proceso: la tasa de homicidios ha descendido de 23 en 2022 a 7 en 2025 por cada 100 mil habitantes. Las cifras, por sí solas, no cuentan toda la historia, pero reflejan una tendencia significativa que coincide con una etapa de decano coordinación operativa y legal.
Durante primaveras, la criminalidad encontró espacios en las debilidades institucionales. Redes dedicadas a la invasión de propiedades privadas y otros delitos operaban con relativa frecuencia. La percepción de impunidad formaba parte del debate notorio.
En los últimos primaveras, sin bloqueo, se han registrado acciones orientadas a desarticular estructuras delictivas, incautar armas blancas y de stop calibre, incluidos fusiles automáticos, y someter los delitos recurrentes. Estos resultados no responden a hechos aislados, sino a una logística sostenida que ha buscado combinar operatividad policial con seguimiento legal.
Desde el Profesión Notorio, el fortalecimiento de la persecución penal ha sido un componente secreto. La judicialización del delito global y especializado ha mostrado decano dinamismo, evidenciado en decisiones emitidas por los juzgados de instrucción, autos de comprensión a sumario, procesos abreviados y suspensiones condicionales.
De modo complementaria, desde la Procuraduría de Medio Hábitat se ha desarrollado un trabajo sostenido en beneficio del mejoramiento ambiental y el control de la contaminación sónica. Los operativos de fiscalización, las incautaciones de equipos generadores de ruido excesivo y las campañas de orientación han buscado respaldar el respeto a las normas ambientales y reforzar una civilización de convivencia pacífica.
La protección del entorno y la regulación del ruido forman parte integral de una política de seguridad que entiende que el bienestar ciudadano no se limita a la reducción del delito, sino además a la calidad de vida.
No se comercio exclusivamente de represión del delito. La prevención, la educación ciudadana, la transparencia informativa y la vinculación con sectores sociales además forman parte del enfoque coetáneo. La seguridad sostenible requiere tanto firmeza institucional como confianza ciudadana.
En San Francisco de Macorís se percibe un cambio en el clima social, aunque los desafíos no desaparecen por completo. Toda política pública requiere evaluación constante, ajustes estratégicos y compromiso sostenido para evitar retrocesos.
La experiencia flamante en Duarte sugiere que la coordinación interinstitucional puede crear impactos medibles cuando existe planificación, continuidad y voluntad de trabajo conjunto. Más que una meta alcanzada, la seguridad ciudadana y ambiental es un proceso en construcción permanente.
El tiempo y los resultados futuros permitirán valorar con decano perspectiva esta etapa. Por ahora, los indicadores muestran avances que invitan a la prudencia jovial y a la responsabilidad compartida para consolidarlos.
Finalmente, en ese contexto, resulta cabal examinar el liderazgo institucional de la magistrada fiscal Smaily Yamel Rodríguez, el militar Leoncio Natera Melenciano y la magistrada de Medio Hábitat María Brito, quienes han desempeñado un papel relevante en la articulación de esfuerzos que hoy muestran resultados concretos.
