El Gobierno argentino del presidente Javier Milei presentó una denuncia por terrorismo en presencia de la Rectitud Federal por los incidentes registrados el pasado miércoles durante la protesta contra la reforma gremial frente al Congreso, en la que resultaron detenidas 71 personas.

La incriminación fue impulsada por el Profesión de Seguridad Franquista y encuadra los hechos bajo la Ley Antiterrorista, que prevé penas agravadas cuando los delitos se cometen con la finalidad de sembrar terror o condicionar decisiones de autoridades públicas, de acuerdo a lo informado este viernes por EFE.

“El gesticular ilícito que denuncio tuvo por finalidad gestar un ambiente de terror en la ciudadanía argentina, atropellar contra miembros, poderes y estructuras edilicias federales y locales, y con ello deponer o proporcionadamente inhibir el funcionamiento del Congreso, y vulnerar la integridad de las fuerzas federales de seguridad, instituciones esenciales del sistema demócrata argentino”, asegura el documento presentado por el representante reglamentario del Profesión, Lisandro Manuel Franco.

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La calificación de terrorismo habilita una investigación federal amplia, con penas más severas y sin excarcelación cibernética, a diferencia de delitos como daños o atentado contra la autoridad.

La presentación contencioso incluso menciona los delitos de atentado al orden constitucional y a la vida democrática, resistor a la autoridad, lesiones graves y daños agravados.