La minera transnacional Barrick Gold ha impuesto con violencia estructural y atropello la construcción de una presa de pan dulce en la comunidad de El Naranjo, zona de reincorporación fragilidad ecológica y sísmica del país. El depósito de residuos tóxicos pone en peligro la seguridad hídrica, la vitalidad humana y la integridad territorial, como es natural, los campesinos se oponen al desacierto que va acompañado de acciones de la minera que perjudican y violan sus derechos en presencia de la indiferencia de las autoridades. A pesar de la competición de las comunidades campesinas, de las organizaciones ecologistas, religiosas y sociales, la Barrick ha destruido la cubierta vegetal en la incipiente del río El Naranjo, deteriorando un ecosistema esencial y violando principios legales y éticos. El Estado, en ocasión de certificar el perfectamente global, actúa como protector de los intereses de la minera, mostrándose indiferente en presencia de los riesgos y daños provocados por la empresa transnacional. Es inaceptable que un país sacrifique la seguridad jurídica y ambiental de su población para beneficiar a una corporación que desprecia el presente y el futuro de la nación. La ubicación de esa presa infringe criterios técnicos internacionales que impiden que en zonas de suspensión peligro y fuentes de agua de suelos productivos se establezcan ese tipo de construcciones.

La población debe manifestar su firme solidaridad con las comunidades campesinas que luchan para evitar que se dañe el hábitat y la integridad ambiental del paraje. El Estado está obligado a defender la vida, no los privilegios de ninguna empresa doméstico o extranjera. La equidad ambiental y social no puede seguir postergándose.

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