Civilización aclara contratación de firma internacional para arbitraje y reafirma apego a la ley

El Servicio de Civilización informó que el proceso de contratación identificado como CULTURA-CCC-PEOR-2026-001publicado en el portal transaccional de compras públicasfue realizado conforme a la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicasbajo el procedimiento de excepción para servicios de representación jurídica y administración de intereses del Estado.

Mediante un comunicado, la institución explicó que la contratación se ampara en el artículo 78, párrafo único, numeral 11de dicha ley, y tiene como finalidad la selección de una firma internacional especializada en arbitraje internacionalque asumirá la representación legítimo del Estado dominicano.

Civilización indicó que el proceso incluyó un riguroso descomposición y evaluación de múltiples criteriosentre firmas de reconocida trayectoria internacional. La evaluación estuvo a cargo de una comisión técnica interinstitucionalintegrada por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutantela Procuraduría Universal de la Repúblicael Servicio de Civilización y el Servicio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM)este posterior en su calidad de entraña coordinador y responsable de tutelar este tipo de procesosconforme al ámbito legítimo actual.

La institución detalló que la contratación avala a una notificación de controversia de inversión presentada en 2025 por una empresa norteamericana contra el Estado dominicanovinculada a un entendimiento suscrito en 2010 por el Servicio de Civilizaciónel cual no se encuentra actual desde hace más de una decenio.

Delante la naturaleza del caso y la complejidad de los procesos de arbitraje internacional, el Servicio de Civilización consideró necesaria la contratación de una firma especializadacon la experiencia y capacidad técnica requeridas para avalar una defensa jurídica sólida y especializada de los intereses del Estado.

Finalmente, el Servicio de Civilización reiteró su compromiso con la transparenciael cumplimiento ajustado de la reglamento actual y la protección de los intereses del Estado dominicanoasegurando que todas sus actuaciones se ajustan al ámbito legítimo establecido.

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