El movimiento cívico Décimo Ciudadana solicitó este martes la intervención del Servicio de Delegación Pública (MAP) y de la Reunión Central Electoral (JCE) frente a denuncias sobre supuestos cobros a empleados públicos con fines políticos en el Fondo Exclusivo para el Avance Agropecuario (FEDA) y el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).

La petición fue planteada durante la presentación del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, donde la coordinadora universal de la entidad, Leidy Blanco García, advirtió que, de confirmarse los hechos, se estaría frente a faltas administrativas de carácter severo y posibles infracciones a la estatuto electoral.

Blanco explicó que corresponde al MAP determinar si hubo conductas que ameriten sanciones, incluyendo la destitución de funcionarios, mientras que a la JCE le tocaría evaluar la dimensión electoral de las denuncias.

Incluso cuestionó que se limite la respuesta institucional a solicitudes de “cooperación técnica”, cuando —a su litigio— procede una investigación formal sobre lo ocurrido.

La representante de Décimo Ciudadana afirmó que las denuncias apuntan a presiones indebidas sobre servidores públicos para que aporten fortuna económicos a actividades políticas, lo que consideró incompatible con el situación lícito vivo.

. Estamos hablando de que aquí se está amenazando, intimando a servidores públicos para que utilicen fortuna que ya se han manada propiamente para sostener campañas electorales. Y eso es, claramente, una violación a las leyes electorales y al Código Penal”, agregó.

En ese sentido, sostuvo que, encima del MAP y la JCE, la Procuraduría Especializada de Delitos Electorales debe representar para establecer responsabilidades, al tratarse de hechos que podrían encajar en violaciones tanto a las normas electorales como al Código Penal.