Libre.– Aquiles Álvarez, corregidor de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, ha sido detenido este martes conexo a otras diez personas en un caso que investiga presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y fraude tributaria, informó la Fiscalía Caudillo del Estado.

En el llamado caso Goleada, el Tarea Notorio indicó que se ejecutaron órdenes de detención “con fines de formulación de cargos” contra merienda personas investigadas en esta causa, “entre ellas los hermanos Aquiles, Antonio y Xavier A.”.

La Fiscalía publicó en sus redes sociales fotografías del activo en las que aparece boleto en efectivo, entre otras evidencias.

La prensa específico informó de que el corregidor de Guayaquil (suroeste) sería trasladado a la hacienda ecuatoriana, Libre.

Lea igualmente: Venezuela se mantiene como el tercer país más corrupto, según Transparencia Internacional

Por orden jurídico, desde mediados del año pasado, el corregidor de Guayaquil debía portar un grillete electrónico por otro caso, denominado Triple A, que investiga a un sospechosoa comercialización ilegal de hidrocarburos.

Sin secuestro, la Fiscalía informó este martes en su cuenta de la red social X de que al momento de su detención, “Aquiles A. no portaba el grillete electrónico, medida cautelar dispuesta internamente del caso Triple A”.

La investigación del caso Triple A nació de una denuncia que presentó en julio de 2024 la Agencia de Regulación y Control de Energía y Medios Naturales no Renovables del Gobierno del presidente Daniel Noboa, a quien el corregidor de Guayaquil acusó inicialmente de estar detrás de todo, pues poco antaño había asegurado ser “el único en el país” que “se le planta”.

Esta Agencia reportó irregularidades en la distribución y comercialización de combustibles subsidiados por el Estado, lo que le habría causado un perjuicio, al supuestamente poseer sido comercializados en países vecinos a un valencia concorde al mercado internacional, sin subvenciones estatales.

Tras la denuncia, la Fiscalía allanó varias oficinas de estaciones de servicios pertenecientes a la compañía Copedesa, de Alvarez y su comunidad, delante la sospecha de un desbalance entre el combustible adquirido y el efectivamente administrado en sus surtidores.

Meses posteriormente, el Tarea Notorio procesó a cinco personas y a cinco empresas por el supuesto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos.