Dejado Cáceres y Juan Carlos Torres Robiou, dos de los principales acusados de corrupción.

SANTO DOMINGO.- Los abogados del Estado dominicano solicitaron al Primer Tribunal Colegiado del Distrito Franquista que inmponga una indemnización de RD$20 mil millones al agrupación de altos oficiales militares y civiles acusados de cometer actos de corrupción a través de un entramado que supuestamente defraudó al Estado con más de RD$4,500 millones durante el pasado gobierno de Danilo Medina..

LOS ACUSADOS

Se refirieron a los acusados durante la operación  «Coral», entre ellos los generales Dejado Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo De los Santos Viola. Para cada uno de éstos el Tarea Notorio ha solicitado penas de 20 primaveras de prisión y multas de 400 salarios mínimos.

Los fiscales, encabezados por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), han solicitado la misma pena para los acusados coronel Rafael Núñez de Aza, genérico Boanerges Reyes Batista y capitán Franklin Antonio Mata Flores. Asimismo,  han pedido 15 primaveras de prisión y el suscripción de 300 salarios mínimos para la procesada Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (la Pastora), Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco.

INDEMNIZACIÓN SUPERIOR A LOS 20 MIL MILLONES DE PESOS

José Ortiz, miembro del Equipo de Recuperación del Patrimonio Notorio, dijo que durante las conclusiones los fisccales han solicitado encima  que sean condenados al suscripción de una indemnización superior a los 20 mil millones de pesos por los daños causados.

Las acciones atribuidas a los imputados, dijo, dejaron a niños sin alimentos, atención y protección, encima de provocar un daño recatado al Estado dominicano y una «contaminación recatado» de la autoridad presidencial.

Ortiz afirmó que el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) representa una extensión física y simbólica del presidente de la República, por lo que la desviación de sus capital para fines privados produjo una oneroso afectación recatado a la figura presidencial y a la institucionalidad del Estado.

LESIONARON IMAGEN Y CONFIANZA INTERNACIONAL DEL ESTADO

Añadió que estas acciones todavía generaron un descrédito internacional que lesionó la imagen de seguridad y confiabilidad del Estado dominicano, conveniente a que el Cusep es responsable de la protección de visitas oficiales de otros países.

Los informes de la Cámara de Cuentas, anejo al incremento patrimonial injustificado de los imputados, «demuestran los daños materiales ocasionado», señaló.

Asimismo, expuso que el fraude cometido en el Consejo Franquista para la Preliminares y Adolescencia fue una de las «expresiones más crueles del entramado de corrupción», al afectar a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

un/soy