El autor es abogado.

Las licitaciones públicas en nuestro país, siempre han estado relacionadas o asociadas con actos de corrupción. Son un hacedor de encanto para que empresarios corruptos financien campañas electorales, para luego, en dación de plazo, se cobren su acreencia con las adjudicaciones.

Fue un mecanismo lícito empleado por el PLD para simplificar a Odebrecht a hacer muchas las diabluras que hizo, no sólo aquí, sino en todos los países donde la empresa operaba. SENASA es otro caso alegórico de esta corrupción en este gobierno.

La idea es simple: Yo te recibo patrimonio para mi campaña electoral, y a cambio te habilito a participar en las distintas licitaciones, y así me aseguro que te la adjudiquen (la gane), para que te cobre lo aportado, asegurando así el retorno de tu inversión.

¿Qué impide que un gobierno compre directamente a los grandes laboratorios, por ejemplo, medicamentos? Simple! ¿Con qué entonces les van a avalar o devolver las aportaciones hechas por los tradicionales inversionistas electorales del sector farmacéutico, que cada cuatro primaveras financian las campañas a los tres partidos más hegemónicos?

Lo propio ocurre con los productos tecnológicos (ejemplos: Tablets y computadoras), que el gobierno dominicano, pudiendo comunicarse directamente con las marcas globales que producen esos dispositivos, prefieren licitar, como si no tuvieran patrimonio, y mejor se las compran a un intermediario, encareciendo, por supuesto, el costo de esa absurdidad con la que benefician a unos cuantos, y perjudicando al pendejo gobierno, pagando mucho más que de lo que debería avalar.

jpm-am