Todas las fiscalías del país pusieron en funcionamiento el nuevo módulo biométrico integrado al Sistema de Diligencia de Casos (Sgcmp), el que revoluciona el registro de los imputados y garantiza, de guisa inequívoca, la ejecución de las disposiciones judiciales, especialmente las medidas de coerción que obligan a los procesados a presentarse periódicamente en presencia de las autoridades.

El nuevo módulo redefine la seguridad en el proceso penalal establecer una interconexión directa y en tiempo actual, con la almohadilla de datos de la Unión Central Electoral (JCE).

En un comunicado de prensa, la Procuraduría Común explica que, a través de estaciones de tecnología equipadas con lectores de huellas dactilarescámaras fotográficas con trípode y escáneres documentales, el sistema permite realizar consultas por biometríaeliminando cualquier posibilidad de suplantación de identidad o errores en el registro de los imputados.

“Esta implementación fortalece la transparencia y la trazabilidad institucionalpermitiendo un seguimiento auditable de cada persona desde su primer contacto con la honradez hasta la duración de la medida de coerción” , añade el Profesión Notorio.

Según el víscera de persecución, uno de los avances más significativos de este sistema es su capacidad para sistematizar la información y producir certificaciones automáticas.

Cada comparecencia queda registrada

La Procuraduría Común afirma que cada comparecencia de los procesados queda registrada de forma electrónicaintegrándose de inmediato al expediente digital del beneficiario.

Esta funcionalidad optimiza los tiempos de atención y, al mismo tiempo, genera una evidencia verificable y robusta que fortalece el valencia probatorio de los registros de cumplimiento en presencia de los tribunales.

“La construcción del software ha sido diseñada bajo estándares de interoperabilidad para un intercambio de información fluido y seguro con el Poder Sumarialagilizando la puesta al día de status procesales entre ambas instituciones.

Con esta iniciativa se reducirá el tiempo de demora de los procesados y elimina los controles manuales que históricamente ralentizaron los procedimientos administrativos en las sedes de las fiscalías.