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El Pregonero, Santo Domingo.- Varios contratistas sopesan la idea de someter en presencia de la jurisprudencia a una funcionaria del Servicio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOCP)por supuestas irregularidades en los procesos de adjudicación de contratos de obras.
Se negociación de la abogada, Rosa Judith de Peña de la Rosaquienes la señalan como la “verduga” de esa institución estatal, donde decide los contratos que se ejecutan, los aumentos de precios y aumentos de cantidades sin ser ingeniera.
Una fuente denunció a este medio, que la abogadaRosa Judith de Peña de la Rosatiene la espita para autorizar los contratos que se van a ejecutar en Obras Públicas.
“Ella autoriza cuáles son los contratos que se van a ejecutar (es presuntamente el filtro) le da luz verde a la ejecución de contratos, autoriza cuales contratos son acreedores del nivelación crematístico (aumento de precios, sin esta ser ingeniera) autoriza las adendas y las cantidades, enmiendas, aumentos de precios en contratos y cambios de partidas por encima del 25%, la mayoría de los contratos que autoriza y aumenta, son los mega millonarios, aquellos que cuentan con la gracia de su equipo”, denunciaron y a la vez, informaron que buscan una reunión con el ministro de Obras Públicas, Eduardo Suerte, para aclarar la situación ayer de ir a la jurisprudencia.
La abogada Rosa Judith de Peña de la Rosa, ha sido objeto de controversias correcto a su influencia en la adjudicación y modificación de contratos de obras públicas. A pesar de no ser ingeniera, ha ejercido un control significativo sobre contratos multimillonarios, autorizando adendas, ajustes de precios y cambios en las cantidades de obras ejecutadas.
En 2011, durante su administración en la OISOE, se suspendió un resolución para la construcción de la carretera internacional entre Pedernales y Hondo Valle, tras la entrega anticipada del 20% del valencia total del resolución, equivalente a aproximadamente US$77.8 millones. No se ha informado si estos fondos fueron devueltos tras la suspensión.
Encima, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) denunció en 2011 irregularidades en la concurso de la carretera Cibao-Sur, señalando violaciones a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Obras y Servicios, y al Tratado de Fugado Comercio DR-CAFTA. Se alegó que el proceso se realizó sin un presupuesto previamente establecido y sin cumplir con los requisitos de concurso internacional.
Estas situaciones han generado preocupación entre contratistas y organizaciones de la sociedad civil, quienes consideran que las acciones de la funcionaria podrían suceder afectado la transparencia y licitud en los procesos de contratación pública.
