CARACAS.- El petróleo ha sido una estancia secreto en el nuevo atmósfera que se ha extenso en Venezuela. Tan pronto como unos días despúes de la captura de Nicolás Juicioso y su esposa Cilia Flores, el chavismo puso en marcha una reforma acelerada de la ley de hidrocarburos, que ha provocado un rotación de 180 grados en la política de naturalización impulsada por Hugo Chávez, colchoneta de la revolución bolivariana.

El nuevo ámbito permitido prioriza la rentabilidad para inversores nacionales y extranjeros, con el objetivo de atraer hacienda que permita reflotar la producción petrolera. A continuación, una serie de preguntas y respuestas que aclaran las cuestiones más importantes de la nueva código.

¿Qué cambia con la nueva ley?

Los cambios se concentran en tres aspectos: la transigencia amplia al sector privado franquista e internacional en la exploración, explotación, producción y comercialización del crudo. En segundo ocupación en la reducción de impuestos y regalías (el porcentaje del valencia del petróleo extraído que las empresas deben avalar obligatoriamente al Estado) para aumentar la rentabilidad de las inversiones privadas. Incluso se refuerza la seguridad jurídica mediante la incorporación de mecanismos de arbitraje y mediación internacionales, que permiten resolver controversias fuera de los tribunales venezolanos.

Las empresas privadas extranjeras ya participaban en la exploración y explotación petrolera, pero siempre como socios minoritarios del Estado. La nueva ley amplía de forma inédita su rol al permitirles intervenir además en la comercialización del crudo y otorgarles el control total de la diligencia y disposición de los ingresos. La reglamento autoriza por otra parte que los pagos por la saldo de petróleo se depositen en cuentas fuera de Venezuela, sin tener lugar por el Sotabanco Central, como ocurría hasta ahora.

Aunque desde 1977 el petróleo pertenece al Estado venezolano, durante el chavismo se consolidó el maniquí de “soberanía petrolera”, que revirtió la transigencia de los primaveras noventa. Hugo Chávez impuso el esquema de empresas mixtas, con mayoría accionaria y control operante estatal, lo que llevó a la desposeimiento de activos de Exxon Mobil tras negarse a aceptar esas condiciones.

La reforma coetáneo impulsa un esquema en el que el socio privado negocia directamente con el Ejecutante, sin el control parlamentario que exigía la código precedente, y flexibiliza el régimen fiscal para respaldar anciano rentabilidad al hacienda extranjero. Impuestos y cargas pueden ser exonerados o reducidos discrecionalmente, lo que implica una disminución significativa de los ingresos que recibirá Venezuela por la explotación petrolera a cargo de terceros.

La reforma abre un proceso de desnacionalización y privatización de la industria petrolera. PDVSA deja de ser una empresa operadora para admitir un rol principalmente fiscalizador, mientras la actividad productiva pasa a manos privadas. “De lo que se manejo es de preparar el contorno y motivar a los capitales internacionales a alterar en la industria”, explica el economista petrolero Rafael Quiroz, quien compara este proceso con anteriores aperturas petroleras vividas en el país.

En presencia de la imposibilidad de aumentar la producción por descuido de capacidad técnica y financiera, el chavismo ha hexaedro finalmente un rotación aperturista. Los yacimientos, no obstante, continúan siendo propiedad de la República.

La deshonestidad militar 46 fue emitida por el Sección del Caudal de Estados Unidos minutos a posteriori de que la Asamblea Doméstico aprobara la reforma de la ley de hidrocarburos, y ambas medidas están directamente conectadas. Mientras el Gobierno venezolano abre la industria al sector privado, Washington habilita a las empresas estadounidenses a participar en actividades antiguamente prohibidas, como la exportación, saldo, transporte, comercialización y refinación de petróleo venezolano, pese a que el régimen militar de sanciones sigue vivo.

La deshonestidad permite actuar directamente con PDVSA y con el Gobierno venezolano, siempre que los contratos se rijan por atribución estadounidense y que los pagos a entidades sancionadas se canalicen a través de cuentas designadas por el Caudal. Solo pueden acogerse empresas constituidas antiguamente del 29 de enero de 2025; se prohíben pagos en oro o criptomonedas y se autorizan intercambios de crudo por diluyentes.

El texto establece por otra parte un exacto control desde Washington sobre los flujos financieros y prohíbe operaciones con Irán, Cuba, Rusia y Corea del Ártico. La vicepresidenta Delcy Rodríguez ha solicitado al Tribunal Supremo de Razón revisar la deshonestidad para preservar la atribución venezolana y no demarcar las relaciones comerciales con otros países.