Santo Domingo.- Representantes del sector empresarial, agrupados en la Confederación Dominicana de Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme)la La Asociación Franquista de Empresas y Empresas Herrera (ANEIH)la Unión Franquista de Empresarios (UNE) y la Ordenamiento Franquista de Empresas Comerciales (ONEC)informaron hoy que interpusieron una influencia directa de inconstitucionalidad frente a el trvencer al constitucional contra los artículos 5 y 16 de la Ley de Mandato Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.

Las entidades empresariales explicaron que la influencia judicial examen que dichos artículos sean declarados no conformes con la Constituciónal considerar que imponen cargas económicas, técnicas y administrativas desproporcionadasespecialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes)lo que pone en aventura su sostenibilidad, la coexistentes de empleos y la competitividad del mecanismo productivo doméstico.

“Cargas desproporcionadas para las Mipymes”

El presidente de codopima, Fernando Pinalesafirmó que el sector empresarial respalda la protección del medioambiente y una trámite responsable de los residuos, pero advirtió que la legislatura impugnada establece una “contribución exclusivo” calculada sobre los ingresos brutossin relación directa con la cantidad positivo de residuos generados por las empresas.

“Estamos totalmente de acuerdo con la protección ambiental, pero no con un esquema que desconoce la efectividad de las Mipymes y les impone cargas que no guardan proporción con su capacidad operativa ni con su nivel de coexistentes de residuos”, expresó Pinales.

Indicó que este nuevo esquema ha provocado incrementos de hasta un 500 % en los tramos de menores ingresos, en comparación con la carta aludido.

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Incrementos de hasta 500 %

Pinales detalló que una empresa que ayer pagaba RD$500 por ventas de hasta un millón de pesosahora deberá abonar RD$3,000lo que representa un aumento superior al 500 %.

En el caso de empresas con ventas entre uno y diez millones de pesosque anteriormente pagaban entre RD$1,500 y RD$5,000ahora deberán abonar RD$6,000con incrementos que oscilan entre un 20 % y un 300 %.

Según explicaron los representantes empresariales, estos aumentos están siendo aplicados a todas las empresas que reportan impuestosya que las nuevas tarifas, penalidades y modificaciones introducidas por la ley están siendo consideradas en las declaraciones fiscales.

Impacto en la liberación de empresa y el empleo

De su costado, Ángelo Virorepresentante de la aneihsostuvo que la legislatura impugnada constituye una amenaza directa a la liberación de empresa y a la coexistentes de empleos.

“Esta ley examen demarcar la actividad empresarial, sumar más cargas a quienes dinamizan la riqueza dominicana y, como consecuencia, incentivar la informalidad”, afirmó Vido.

Advirtió que el impacto no se limita al sector empresarial, sino que puede afectar de guisa directa a la riqueza doméstico, al disminuir la competitividad y frenar la inversión.

Comercios y retailers todavía afectados

La Ordenamiento Franquista de Empresas Comerciales (ONEC) todavía se sumó a la influencia de inconstitucionalidad. Su representante, Jennifer Troncosoindicó que la legislatura afecta de guisa transversal a todos los negocios, con exclusivo impacto en los comercios formales y los retailers dominicanos.

“Esta ley impacta directamente los costos operativos de los comercios, lo que inevitablemente se trasladará a los precios finales que pagan los consumidores”, explicó Troncoso.

Advertencia sobre pestillo de empresas

Las organizaciones empresariales coincidieron en advertir que, de no corregirse la situación, muchas empresas podrían hallarse obligadas a cerrar operacionescon consecuencias negativas para el empleo, la competitividad y el crecimiento financiero del país.

“Si no se presta atención a este anuncio en el Tribunal Constitucional, el impacto será para toda la ciudadanía, no solo para los empresarios, adecuado al aumento de costos y la pérdida de empleos”, concluyeron.