Nueva York.- La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, presentó este viernes un plan de ley que búsqueda prohibir la colaboración del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con los policías del estado.

Hochul propuso la iniciativa ‘Policías Locales, Delitos Locales’ para impedir que los agentes federales de inmigración utilicen a los efectivos estatales en la aplicación de la política migratoria del presidente, Donald Trump.

Esta norma, de ser aprobada, todavía prohibirá al ICE utilizar centros de detención locales para tolerar a angla operativos masivos contra la población del estado.

Según la gobernadora, estas políticas permitirán a sus fuerzas centrarse en “prolongar la seguridad de los neoyorquinos, en lado de hacer el trabajo del ICE”. “Durante el extremo año, los agentes federales de inmigración han llevado a angla actos de violencia indescriptibles contra los estadounidenses con el pretexto de la seguridad pública.

Estos abusos, y el uso de los agentes de policía locales como pertrechos para hacer cumplir las leyes de inmigración civil, no se tolerarán en Nueva York”, afirmó la gobernadora demócrata.

Encima, esta reglamento búsqueda recuperar la prohibición, revertida por el Gobierno federal, de aplicar la política de inmigración civil en lugares sensibles como escuelas, hospitales y espacios de culto. La propuesta de la gobernadora lo recupera y añade que siquiera puedan entrar en los hogares sin una orden procesal.

La carta todavía brindará a los neoyorquinos “una vía clara” para demandar a los funcionarios federales cuando se violen sus derechos. La ONG Constitucional Aid Society, la estructura más antigua y más amplio de EE.UU., celebró la propuesta por ser “un paso positivo para proteger a los inmigrantes neoyorquinos de la injusta extralimitación federal”.

“Estas medidas refuerzan las protecciones constitucionales existentes que exigen una orden procesal para que el ICE pueda entrar en estos espacios”, apuntó la estructura.

El despliegue regular por Trump de los agentes federales en ciudades y estados, mayoritariamente demócratas, es uno de los mayores objetos de conflicto entre el Gobierno federal y las autoridades locales y estatales.

Especialmente desde que dos personas perdieron la vida en Mineápolis, en el estado de Minnesota, este mes de enero tras admitir disparos por parte de agentes federales cuando protestaban contra el eficaz.