@abrilpenaabreu

Presidir no es solo tomar decisiones difíciles. Es, muchas veces, hacerlo en soledad.

El presidente Luis Abinader ha intentado —con anciano o beocio fortuna— renovar la filial pública apostando por jóvenes técnicos, perfiles de la sociedad civil y figuras que prometían eficiencia y transparencia. Sin incautación, cuando esos nombramientos fallan, el problema no se limita al error individual: el costo político e institucional recae directamente sobre el mandatario.

Así ocurrió con SENASA Y así vuelve a ocurrir ahora con el (ITLA).

Hasta ahí, el atmósfera es el habitual en cualquier democracia cómodo: una intrepidez administrativa, una investigación en curso y el respeto al correcto proceso. Lo preocupante no es la representación del Ejecutor, sino la reacción interna.

En los últimos días, funcionarios y autoridades electas del propio partido de gobierno han decidido opinar públicamente en contra de la destitución del rector del ITLA, como si se tratara de una condena penal y no de una medida administrativa preventiva. Esa confusión —voluntaria o no— erosiona la institucionalidad y proyecta una imagen de desorden político.

A esta inventario se suma el senador Franklin Romero, quien emitió un comunicado conocido invocando principios constitucionales como la presunción de inocencia y el correcto proceso. Principios incuestionables, sin duda. Pero el problema no es el contenido procesal del mensaje, sino el contexto político en el que se emite y el no fue el único otros senadores y funcionarios públicos opinaron al respecto.

Conviene memorar poco evidente: una destitución administrativa no prejuzga culpabilidad, no sustituye a los tribunales y no viola el correcto proceso. Es una intrepidez política destinada a proteger la institución mientras la equidad actúa y en todo caso un derecho que le atañe al presidente, los puestos no son perennes.

Cuando un senador oficialista fija posición pública en ese momento, no lo hace solo como ciudadano ni como abogado: lo hace como parte del partido de gobierno. Y en política, las formas importan tanto como el fondo.

Lo mismo ocurrió previamente con Edward Guzmán , ya en funciones internamente de SENASA, quien optó por seguir ventilando el caso públicamente. Nadie reclama censura ni silencio forzado. Pero la prudencia institucional incluso es una responsabilidad política. A los funcionarios no se les exige opinión permanente, sino diligencia competente.

A veces parece que internamente del PRM se ha olvidado una verdad básica:

no están en campaña. El presidente no irá a la reelección, pero aún le restan casi tres abriles de mandato. Tres abriles en los que lo que corresponde no es marcar distancia, ni construir narrativas personales, ni ensayar discursos para el día posteriormente, sino respaldar la institucionalidad y trabajar.

Luego no valen los reproches a la prensa, ni las acusaciones de chantaje mediático, ni la transferencia de culpas a la opinión pública.

Las destituciones no son producto del ruido social: son consecuencia de errores (hay que decirles así no hay sentencia de por medio) , y en un Estado de derecho, los errores tienen consecuencias administrativas y judiciales.

Lo verdaderamente inquietante no es la crítica externa, propia de toda democracia, es el fuego amigo.

Tal vez estemos frente a una verdad conocida, aunque pocas veces reconocida: la soledad del poder. Ese punto en el que el presidente carga con la institucionalidad mientras algunos de los suyos prefieren defenderse, opinar o desmarcarse.

Y en ese contexto, más que compasión, lo que se impone es una advertencia seria internamente del partido de gobierno: o se gobierna con disciplina y sentido de cuerpo, o se debilita al propio Gobierno desde internamente.

El antiguamente líder de una buena parte del partido de gobierno decía que al PRD solo lo destruye el PRD, ellos no serán el PRD pero en ocasiones se comportan como tal.

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