Senador Franklin Romero rechaza candado de restaurantes por presencia de menores y pide su reapertura inmediata

Senador Franklin Romero rechaza candado de restaurantes por presencia de menores y pide su reapertura inmediata

San Francisco de Macorís. – El senador por la provincia Duarte, Franklin Romero, se opuso al candado de restaurantes por la presencia de menores de años, los cuales fueron clausurados de forma temporal por las autoridades mediante un amplio operante realizado el pasado sábado en esta ciudad, cuyo caso el parlamentario puso en conocimiento al presidente Luis Abinader, al tiempo de pedir el restablecimiento inmediato de los negocios afectados.

Ayer domingo, Romero sostuvo una reunión con los dueños de negocios que fueron afectados por la medida tomada por las autoridades actuantes en el operante, donde le informó que puso el tema en conocimiento del presidente Abinader.

Más temprano, mediante un comunicado publicado en las redes sociales, el congresista alegó que “el candado de establecimientos de kiosco de comidas alegando exclusivamente la presencia de menores de años resulta jurídicamente improcedente, violatorio del principio de legitimidad administrativa y susceptible de impugnación por las vías correspondientes”.

Asimismo, Romero aclaró “que los restaurantes son espacios lícitos, familiares y sociales, donde históricamente ha coexistido la presencia de adultos, jóvenes y niños”.

“La código dominicana no prohíbe la permanencia de menores en restaurantes. Lo que la ley sanciona son conductas específicas como la saldo de bebida a menores o la exposición a ambientes inadecuados”, aseguró el parlamentario mediante el referido comunicado publicado en varias plataformas digitales.

El representante de la provincia en la Cámara Inscripción, quien se apersonó a varios establecimientos en el momento que, las autoridades encabezadas por el Software de Control de Bebidas Alcohólicas, COBA, realizaban el operante procediendo a cerrar unos 17 negocios, consideró la bono como “desproporcionada que afecta el derecho al trabajo, la inversión privada y la seguridad jurídica”.

En su escrito, Romero pidió “el restablecimiento inmediato de las operaciones del establecimiento afectado”.

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