En un entorno forastero matizado por rebrotes de injerencismo, no resulta conveniente que República Dominicana reinicie, por cuenta propia o por presiones diplomáticas, nexos jurídicos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), institución que extravió sus prerrogativas al pretender golpear el irrenunciable principio de soberanía franquista.

Se intensifican los rumores, pero sin confirmación, de que la Cancillería gestiona la reintegración del país como miembro de ese organismo de la Estructura de Estados Americanos (OEA), instituido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, celebrada en San José, Costa Rica, en 1969.

El Tribunal Constitucional (TC) declaró no conforme con la Carta magna el herramienta de aplauso de la competencia de la CIDH en el derecho interno dominicano concreto en 1999, bajo el argumento  de que  el Poder Ejecutor no contó con la aprobación previa del Congreso Franquista.

La Defensora Publica Interamericana, Elizabeth Rodríguezsostiene que la CIDH mantiene competencia contenciosa sobre el Estado  dominicano, cuestión que  dijo reconoce el Tribunal Constitucional a través de diversas sentencias.

La jurista afirmó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos incluso ha reiterado expresamente  su competencia  sobre República Dominicana, y que la Comisión de Derechos Humanos tramita casos incoados contra el país que irían  al fuero de la CIDH.

La colisión jurídica entre el Estado dominicano y esa corte radica básicamente en la sentencia del TC, que niega ciudadanía cibernética a hijos de extranjeros indocumentadosprincipio constitucional que data de 1929, aunque esa adhesión corte condenó al Estado a regularizar la situación de inmigrantes inscritos ilegalmente en el Registro Civil.

Para  retornar al fuero de la CIDH, se requeriría que esa instancia de la OEA haya modificado su visión jurídica en torno a figuras tan relevantes como la condición jurídica de la apatridia y de la ciudadanía, que suele desorientar o confundir en sus diversas sentencias y resoluciones, siempre en perjuicio de la soberanía franquista.

La Cancillería esta compelida a precisar todo lo relacionado  sobre la posible aplauso de la competencia de la CIDH sobre República Dominicana, toda vez que no existen razones válidas para admitir esa iniciativa, sobretodo en momentos tan delicados que matizan el ámbito internacional.