Es una inusual trofeo reglamentario para la dependencia Donald Trump en el entorno de su política de expulsión de migrantes en situación irregular, una organización que ha sido ampliamente impugnada en presencia de los tribunales.

A mediados de marzo, el gobierno estadounidense ya había invocado la ley de los «enemigos extranjeros» —hasta ahora utilizada exclusivamente en tiempos de desavenencia— para detener a personas sospechosas de pertenecer a pandillas y deportarlas a El Salvador.

Hasta la momento, varios jueces federales habían rechazado la aplicación de esa norma para razonar la expulsión de migrantes. Sin secuestro, este martes, la jueza Stéphanie Haines consideró que el caso «entra interiormente del entorno» de la ley de los enemigos extranjeros de 1798. No obstante, precisó que la dependencia debe conceder «más tiempo del que otorga actualmente» a las personas que desea expulsar.

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«En la medida en que el gobierno conceda un plazo suficiente y siga el correcto proceso, ¿puede el presidente emitir una valor conforme a la ley sobre los enemigos extranjeros para expulsar a ciudadanos venezolanos mayores de 14 abriles, que se encuentren en Estados Unidos sin sobrevenir sido naturalizados ni contar con permisos de residencia, y que sean miembros del Tren de Aragua, considerado como una estructura terrorista? (…) El tribunal rebate afirmativamente a esta pregunta», señala la valor de la magistrada, que ejerce en Pensilvania, en el noreste del país.

La jueza incluso dictaminó que la dependencia debe establecer un plazo reducido de 21 días entre la valor de expulsión y su ejecución, para que los afectados puedan ser escuchados y eventualmente apelar.

Un precedente jurídico

Trump ha hecho de la lucha contra la inmigración irregular una de las prioridades absolutas de su segundo mandato, denunciando una supuesta «invasión» de criminales extranjeros y comunicando con frecuencia sobre las expulsiones de migrantes.

Sin secuestro, su software de deportaciones masivas se ha pasado obstaculizado o ralentizado por múltiples decisiones judiciales.

Medios como Politico y The Washington Post destacan que el laudo de este martes marca un precedente, ya que contradice decisiones anteriores de otros jueces federales en estados como Colorado, Nueva York y Texas.

Finalmente, se estima que la Corte Suprema de EE. UU., de mayoría conservadora, podría terminar interviniendo para dirimir esta controversia reglamentario.