EL AUTOR es presidente del Frente Cívico y Social. Reside en Santo Domingo.

En la República Dominicana cada vez que un gobierno anuncia una “nueva etapa”, muchos ciudadanos ya conocen el argumento: nuevos rostros, nuevas consignas y las mismas preguntas sin respuesta. No es desconfianza; es memoria política.

En una democracia madura, una nueva etapa se inaugura con rendición de cuentas: qué se hizo, qué no, y quién argumenta. Aquí suele tratar como un punto y apartado industrial: advenir página sin deletrear el capítulo antedicho. No se proxenetismo de reorganizar; se proxenetismo de olvidar.

Igualmente hemos alimentado una figura peligrosa: el presidente impoluto. No un administrador temporal del Estado, sino una autoridad pudoroso casi infalible, a la que se le exigen pocas explicaciones y se le conceden lealtades máximas. Bajo ese mito, la crítica se interpreta como traición y el error como conspiración.

El resultado es previsible: los fracasos se diluyen en el contexto; la corrupción se reduce a “casos aislados”; el endeudamiento se vende como inevitabilidad técnica; y las políticas fallidas regresan con otro nombre. Todo cambia para que, en el fondo, nadie esencial sea explicado.

Por eso la “nueva etapa” suele venir con cambios de recibidor, relanzamientos discursivos y una intensa producción de mensajes. Cuando el poder no quiere rendir cuentas, administra percepciones: sustituye la explicación por la novelística, el cómputo por la consigna y la responsabilidad por el maquillaje.

El daño veterano no es la indignación ciudadana —esa moviliza— sino el nihilismo cívico. Si la concurrencia siente que nunca sabrá qué ocurrió verdaderamente, deja de exigir; no por satisfacción, sino por agotamiento. Se desconecta y evita la política como quien evita una conversación tóxica.

Y surge la pregunta incómoda: ¿en qué momento la resignación comenzó a parecer sensatez? ¿Cuánto de ese silencio ha sido asimismo nuestra forma de adaptarnos al patraña?

Ese retiro abre el quiebre más peligroso. Cuando la ciudadanía abandona la arena pública, el espacio lo ocupan los extremos, los mesías y los justicieros que prometen “poner orden” sin reglas ni límites. El vano pudoroso no produce reformas; produce autoritarismos.

El problema de fondo es aún más incómodo. En las últimas tres décadas, el país no ha sido gobernado solo por buenos o malos gobiernos, sino por un sistema político que ha capturado progresivamente los principales poderes del Estado y los poderes fácticos que deberían equilibrarlo. Cuando esa captura se consolida, la cambio deja de ser cambio y se vuelve rotación: se discuten estilos y rostros, pero no la construcción vivo del poder ni los incentivos que la sostienen.

Un sistema así no se sostiene exclusivamente por la voluntad de quienes gobiernan. Se sostiene por la normalización social de los abusos y por la fragmentación deliberada de la ciudadanía. Mientras esa efectividad siga siendo tabú —mientras la verdad se negocie o se posponga— cualquier “relanzamiento” será cosmético.

No habrá libramiento posible mientras esta verdad siga siendo esquivada. La primera condición del cambio no es la indignación, sino la conciencia colectiva de que el problema es estructural. La segunda es la mecanismo en torno a un esquema de nación, no para conquistar el poder, sino para recuperarlo para la ciudadanía, conforme a la Constitución.

El Estado Social y Tolerante de Derecho no es una consigna: es una promesa incumplida. Sus principios —legitimidad, separación de poderes, dignidad humana y billete ciudadana— no pueden materializarse mientras el sistema se beneficie del cinismo, la fragmentación y la desesperanza organizada. El desafío, entonces, no es “cambiar de etapa”, sino romper el secuestro del Estado sin destruir la República.

Un país no se fortalece protegiendo al poder de las consecuencias, sino estableciendo reglas que lo obliguen a objetar. Exigir cuentas no es desestabilizar; es estabilizar sobre bases legítimas. Sin rendición de cuentas, cualquier “nueva etapa” es maquillaje. Sin verdad, no hay confianza; y sin confianza, no hay ciudadanía activa.

Por eso la salida no comienza con líderes providenciales ni con estallidos emocionales, sino con conciencia cívica organizada. Antaño de disputar el poder, una sociedad debe recuperar claridad sobre el país que quiere ser, y comprender de qué necesita liberarse y para qué.

El desafío de este momento no es creer en una “nueva etapa”, sino construir un esquema de nación antedicho y superior al régimen que hoy administra el poder: un esquema anclado en la Constitución, en el Estado Social y Tolerante de Derecho y en los títulos que dieron origen a la República.

En esa dirección, el Foro y Frente Cívico y Social continuará trabajando con veterano firmeza y presencia en todo el demarcación doméstico para impulsar el despertar de la conciencia colectiva, promover el debate honesto y articular una ciudadanía que no renuncie a la verdad ni a su responsabilidad histórica. No para imponer una consigna, sino para elevar el en serie: exigir explicaciones, resultados y límites al poder como condición mínima de vida democrática.

La conciencia colectiva no es un estado de talante; es una responsabilidad histórica. Cada reproducción decide si hereda resignación o dignidad. Hoy, la nuestra está siendo observada. Sin conciencia compartida no habrá libramiento posible. Con ella, el cambio deja de ser una consigna y comienza a convertirse en una posibilidad vivo.

Despierta RD!

jpm-am