El Pregonero, Santo Domingo – El comunicador y analista político Elvin Castillo afirmó en el software Panorama de la Mañana que la Ley 98-25, que modifica la Ley 225-20 sobre Dirección Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, presenta serios cuestionamientos de inconstitucionalidad, por lo que llamó a las pequeñas y medianas empresas, a las empresas medianas y a los ayuntamientos a respaldar el solicitud ya depositado delante el Tribunal Constitucional.

Castillo sostuvo que, aunque la legislatura se presenta como una ley ambiental, en la destreza funciona como un impuesto encubierto, al imponer cargas obligatorias sin cumplir con los principios constitucionales de legitimidad, igualdad, razonabilidad y proporcionalidad.

Indicó que los incrementos establecidos por la ley alcanzan hasta un 500 %, sin una descargo técnica clara ni una relación directa con el pandeo verdadero de residuos generados, y cuestionó el tope mayor de contribución, al señalar que permite que grandes empresas paguen lo mismo que otras con ingresos significativamente menores, rompiendo el principio de equidad y capacidad contributiva.

Asimismo, advirtió que la ley afecta la autonomía municipal al centralizar competencias y bienes que corresponden a los ayuntamientos y criticó que no se explique de modo clara y detallada cómo serán administrados los fondos que se recauden ni bajo qué mecanismos de control y transparencia.

Finalmente, Elvin Castillo reiteró que respaldar el solicitud delante el Tribunal Constitucional no es un ataque a la sostenibilidad ambiental, sino una defensa del Estado de derecho, al insistir en que el cuidado del medio hábitat no puede servir de excusa para imponer cargas desproporcionadas ni para manejar bienes públicos sin reglas claras.