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La corrupción es uno de los males más persistentes de las democracias modernas. Ningún Estado, por más normas, controles y discursos éticos que establezca, está completamente a fuera de de prácticas corruptas internamente de su trasto burócrata. Pretender lo contrario es ingenuo y, muchas veces, pragmático a la impunidad.
La verdadera diferencia entre un sistema sano y uno enfermo no está en desmentir la existencia de la corrupción, sino en la forma en que se la enfrenta cuando aparece. El combate a la corrupción administrativa debe ser delantero, firme y sin ambigüedades. Esto implica, frente a todo, respetar la institucionalidad y permitir que el Profesión Notorio haga su trabajo con independencia.
Cuando las investigaciones avanzan sin presiones políticas ni pactos de conveniencia, se envía un mensaje claro: nadie está por encima de la ley, sin importar su cargo, influencia o cercanía con el poder. Es válido, e incluso necesario, crear mecanismos de vigilancia, controles internos, auditorías permanentes y espacios de transparencia.
Estas herramientas ayudan a acortar riesgos, detectar irregularidades a tiempo y reforzar la confianza ciudadana. Sin confiscación, sería un error traicionar la idea de que con más controles se erradicará por completo la corrupción.
Siempre existirán individuos dispuestos a evitar las normas para obtener beneficios personales. Por eso, la responsabilidad principal del Estado no es prometer pureza absoluta, sino respaldar consecuencias reales. Castigar la corrupción cuando surge, sin miramientos ni contemplaciones, es la única vía efectiva para desestimularla. La impunidad es su decano aliada; la puro ejemplar, su principal enemigo.
Una sociedad que tolera la corrupción se debilita. Un Estado que la enfrenta con valentía fortalece la democracia, protege los bienes públicos y dignifica el deporte del poder. Dejar ejecutar a la honestidad y apoyar las investigaciones es un deber ciudadano que convierte la lucha anticorrupción en política de Estado sostenible.
