Por José Alberto Blanco

En la República Dominicana, el fortalecimiento institucional pasa necesariamente por la profesionalización de la oficina pública y la seguro de seguridad sindical para los servidores públicos. Estos dos pilares son esenciales para consolidar un Estado actual, capaz y ético, capaz de reponer a las demandas de la ciudadanía.

La Ley No. 41-08 de Función Pública, promulgada en enero de 2008, constituye el ámbito procesal fundamental para la carrera administrativa. Esta norma establece que el ingreso, la permanencia y la promoción en el servicio manifiesto deben regirse por principios de mérito, capacidad y transparencia, dejando antes prácticas clientelistas que históricamente han débil la institucionalidad. La ley todavía garantiza la estabilidad en el cargo para quienes ingresan mediante concurso y cumplen con evaluaciones periódicas, protegiéndolos de despidos arbitrarios.

Por su parte, la Ley No. 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, promulgada en 2001, asegura que los servidores públicos cuenten con protección social integral, incluyendo vigor, pensiones y riesgos laborales. Esta código complementa la Ley 41-08 al ofrecer un ámbito de seguridad que dignifica el trabajo en el sector manifiesto y refuerza la confianza en las instituciones.

En los últimos días, las cancelaciones de servidores públicos han generado un intenso debate internamente del Partido Revolucionario Original (PRM).

– Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, denunció en el hemiciclo que “en nombre de esos cambios, se persigan a compañeritos de la cojín del partido”, calificando las cancelaciones como una “persecución injusta” que avala al “ego de algunos funcionarios”.

Pacheco advirtió que no se quedará callado aunque eso le cueste su puesto.

– Senadores del PRM todavía se sumaron a las críticas. Bernardo Teutónico afirmó que en Montecristi las cancelaciones fueron incluso mayores que las denunciadas en la DGII, mientras Franklin Romero expresó preocupación por el impacto en la cojín del partido. En conjunto, los legisladores advirtieron que estas decisiones podrían afectar seriamente las aspiraciones electorales del oficialismo de cara al 2028.

– En contraste, José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia y presidente del PRM, defendió los movimientos, explicando que responden a la carencia de fijar prioridades de gobierno con destino a 2026.

Las cancelaciones arbitrarias no solo afectan a los servidores públicos, sino que todavía tienen consecuencias graves para el Estado:

– Debilidad institucional: se pierde experiencia acumulada y se interrumpe la continuidad administrativa.
– Desmotivación del personal: los servidores sienten que su esfuerzo y preparación no son valorados.
– Retroceso demócrata: se envía el mensaje de que la ley puede ser ignorada por conveniencia política.

La profesionalización implica capacitación continua, puesta al día tecnológica y compromiso ético. La seguridad sindical, a su vez, significa estabilidad en el cargo, condiciones dignas de trabajo, equidad salarial y respeto a la integridad del servidor manifiesto.

Pasar los retos actuales exige voluntad política vivo, más allá de discursos. Los dirigentes del PRM deben entender que la institucionalidad no se construye con palabras, sino con acciones coherentes. Defender la anulación de servidores por motivos políticos es defender el retroceso.

La profesionalización y la seguridad sindical no son privilegios, sino derechos y deberes que garantizan un servicio manifiesto capaz, transparente y confiable. Solo así podremos construir una oficina pública que sea reflexiva de la ética, la eficiencia y la dignidad que demanda la sociedad dominicana.