Santo Domingo.- Más de un centenar de pequeños y medianos contratistas del sector de la ingeniería y la construcción comparecieron delante el Congreso Doméstico para exigir la cómputo de deudas estatales vencidas desde hace mucho tiempo por obras públicas terminadas hace décadas, algunas de las cuales se remontan a los primaveras 1990. Los profesionales, en su mayoría miembros del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), apoyan una propuesta legislativa encaminada a crear un mecanismo legítimo fantástico que permita al Servicio de Hacienda y Finanzas autorizar pagos que han sido reconocidos por el Estado pero siguen impagos conveniente a trabas burocráticas acumuladas.

Durante una sesión de más de dos horas, la Comisión Permanente de Obras Públicas del Senado escuchó el testificación de una delegación de más de 30 contratistas, quienes detallaron las consecuencias técnicas, financieras y personales de estas deudas para sus empresas y familias. Los proyectos en cuestión incluyen carreteras, escuelas, sistemas de agua y otra infraestructura comunitaria que se completaron, recibieron y actualmente están en operación, muchos de ellos ejecutados en condiciones de emergencia o a pedido de las autoridades, pero nunca procesados ​​formalmente para su suscripción.

Los contratistas enfatizaron el costo humano de los retrasos, señalando que más de 20 ingenieros han muerto sin tomar compensación por su trabajo, dejando reclamaciones sin resolver a sus familias. Luego de revisar los argumentos, la Comisión de Obras Públicas emitió un crónica propicio a la iniciativa, presentada por el senador provincial Duarte, Franklin Romero. Sus proponentes destacaron que la propuesta rebusca transparencia y seguridad jurídica a través de la demostración caso por caso, con el objetivo de cerrar una deuda histórica de larga data y aplaudir probidad a los profesionales que han esperado décadas para el suscripción.