Santo Domingo.- La Unión Dominicana de Municipios (Fedomu) y la Coalición Municipal Dominicana (LMD) aclararon de forma categórica que no han sido eliminadas las sanciones por el incumplimiento de la legislatura presupuestaria municipal en las modificaciones introducidas al artículo 21 de la Ley núm. 176-07.

Mediante un comunicado, los presidentes de ambas instituciones, Nelson Núñez (Fedomu) y Víctor D’Aza (LMD)explicaron que lo permitido por el Senado de la República establece que las sanciones serán impuestas conforme a las disposiciones de la Constitución de la República y el nuevo Código Penal Dominicanoel cual contempla la destitución de los funcionarios municipales que incumplan la ley.

Las entidades explicaron que la modificación a la Ley 75-25 no despenalizan la error ni elimina el régimen de consecuencias e indicaron que las informaciones difundidas recientemente en medios de comunicación interpretaron de forma imprecisa el calibre de la modificación al artículo 21 de la Ley núm. 176-07.

“Cualquier interpretación distinta carece de sustento procesal y contribuye a una ojeada errónea del calibre auténtico de la reforma”, reiteraron los dirigentes.

Fedomu aplaude la modificación

La Unión Dominicana de Municipios (Fedomu) valoró de forma positiva las modificaciones realizadas, especialmente las disposiciones contenidas en el artículo 3, con la readecuación de los topes presupuestarios que permite avenir el régimen financiero municipal con la método del Presupuesto Militar del Estado.

La entidad destacó que la estructura de ingresos y gastos favorecen una maduro coherencia legislatura y una aplicación más realista del ámbito presupuestario a nivel tópico. Asimismo, señaló que la aggiornamento constitucional no supone un debilidad de los principios de transparencia, control y rendición de cuentas.

Por consiguiente, considera que la revisión del artículo 3 de la Ley # 75-25 y su adecuada articulación con la Ley # 176-07 contribuyen a una trámite municipal más equilibrada.

Nuevos ajustes fortalecen la seguridad jurídica

Los gobiernos locales continúan plenamente sujetos al ámbito constitucional, a las leyes de suministro pública, a los órganos de control del Estado y al recuento ciudadano, pilares esenciales de la buena gobernanza y de la autonomía municipal responsable.

Este ajuste fortalece la seguridad jurídica, progreso la planificación financiera y dota a los ayuntamientos de herramientas más acordes con su funcionamiento activo.