La Pacto Dominicana de Municipios (Fedomu) y la Lazo Municipal Dominicana (LMD) aclararon que la reforma no elimina el régimen de consecuencias para los funcionarios municipales, sino que traslada las sanciones del ámbito penal al situación constitucional y chupatintas válido, el cual contempla expresamente la destitución de los funcionarios municipales que incumplan la ley.

Ambas entidades explicaron que los funcionarios que incumplan la ley continúan sujetos a destitución, sanciones administrativas y responsabilidad institucionalconforme a la Constitución y al nuevo Código Penal, desmintiendo versiones que aseguran una despenalización total sin consecuencias.

Fedomu y la LMD reiteraron que la modificación no debilita la transparencia ni la rendición de cuentas, y que los gobiernos locales siguen bajo la supervisión de los órganos de control del Estado y del pesquisa ciudadano.

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Lo que sí cambia la reforma

Por otra parte del aspecto sancionador, el esquema introduce modificaciones en la estructura de distribución del presupuesto municipal. La ley válido establece porcentajes fijos: 30 % para consumición de personal, 40 % para funcionamiento y servicios, 5 % para programas de educación, vitalidad y carácter y 25 % para inversión en obras.

La propuesta unifica los renglones de retribución y funcionamientodejando a discreción de los alcaldes la proporción que se destine a cada uno, manteniendo nada más como obligatorios el 5 % para programas sociales y el 25 % para inversión.

Según el congresista proponente, la norma presente “introdujo rudimentos que limitan las prestaciones de los servicios mínimos municipales”, razón por la cual consideró necesario flexibilizar su aplicación.