EL AUTOR es periodista y abogado. Reside en Santo Domingo.

De un tiempo a esta parte se ha desarrollado la industria de la perturbación en la República Dominicana, perjudicando a dirigentes políticos, empresarios, funcionarios de todos los niveles, artistas, peloteros y demás figuras públicas de parada relieve, sin consecuencias legales, porque muchos prefieren “abonar para no matar” y evitar el escándalo sabido.

Un familia disperso de manejadores de contenidos en redes sociales y plataformas digitales, se están dedicando al chantaje, la perturbación, la difamación y la injuria para obtener grandes cantidades de caudal.

Los extorsionadores persiguen con sus equipos de vídeo, cámaras fotográficas, celulares de inscripción resolución fílmica, intervienen móviles,

Graban conversaciones privadas, intimas, de amantes, secretos de Estado, elaboran pasquines, especulan, hacen conjeturas infamantes. etc. Han formado una verdadera industria de perturbación y chantaje. El miedo al escándalo es su principal armas. Nadie quiere encontrarse en el ojo del huracán de las redes sociales. Pocos tienen el coraje de colocar una denuncia en presencia de el Servicio Notorio, para que actúe en consecuencia.

Las redes sociales y las plataformas digitales no pueden ser una especie de “Foro Notorio” donde todos estamos expuestos a que nuestras intimidades se expuestas a los demás sin ningún reparo para extorsionarnos, chantajearnos con injurias y difamaciones de todo tipo para obtener caudal abandonado. ¡No puede ser! ¡Es indigno!

Los empresarios de la perturbación persiguen en moteles, hoteles, cabañas, restaurantes, actos masivos, resorts turísticos, tanto en el país como en el extranjero, a los funcionarios corruptos, políticos que trafica con el poder, empresarios con varias amantes, hijos sin determinar, peloteros famosos con mucho caudal, hijos “de la calle”, artistas indecoroso, personajes sabido de preferencia sexual “contra naturaleza”, incluso a los curas y pastores depredadores sexuales, que en el peor de los casos, deben ser perseguidos y castigados por la jurisprudencia.

La privacidad se perdió hace tiempo

Son muchos los que se dedican a fijar conversaciones privadas desde vehículos lejanos ubicados estratégicamente, sin la autorización de un árbitro competente. Algunos “productores” de programas de televisión llaman a casa, te interrogan ilegalmente para luego difundirlo indiscretamente. Eso viola la ley.

El derecho al buen nombre ya no existe.

Todos estamos expuestos. Nadie está a indemne de los malandrines del chantaje y la perturbación a través de la difamación y la injuria.

En un restaurante mientras usted cena o almuerza con un amigo, amiga, concubina o patrón, desde un rincón alguno lo graba, le toma algunas fotos para luego prepararle un expediente de infidelidad, promiscuidad o corrupción.

Lo correcto es encargarse los riesgos. No ceder en presencia de la presión de los facinerosos que se dedican al chantaje y la perturbación con acusaciones generalmente falsas. Las pruebas no sustentan las acusaciones de los profesionales de la perturbación. Esos señores solo buscan caudal. Muchos caen en la trampa perversa. ¡Y pagan por miedo!

Lo peor que puede hacer una figura pública, funcionario, dirigente político, patrón, intérprete o atleta, es ceder en presencia de el chantaje y la perturbación, es abonar para que sus vicios, debilidades o defectos, sean dados a conocer ilegalmente. Actúe en jurisprudencia. Reclame su derecho a la privacidad, consagrado en la Constitución

A Todo aquel que lo difame, ¡sométalo a la jurisprudencia!

Dedicarse al chantaje, hacer de esa actos un modo de vida, es indigno y vergonzoso.

Un comunicador honesto y capaz, productor de contenidos a través de las redes sociales, como conozco algunos, de ningún modo utilizaría su plataforma para insultar, acometer, descalificar o imputar a nadie de hechos inmorales sin tener las pruebas que lo sustenten. Pero hay otros, inescrupulosos, sin formación intelectual o académica, analfabetos prenatales, que no les importa, que no reparan en el daño que hacen.

El Estado es el avalista de la privacidad de todos los ciudadanos, defensor del buen nombre de todos los ciudadanos.

Hay que separar a los buenos comunicadores y periodistas, de los malos. Identificarlos, someterlos a la jurisprudencia para que paguen por sus fechorías, teniendo en cuenta que los corruptos y los corruptores siempre van de la mano, que uno no es mejor que el otro, que los dos deben ser condenados socialmente.

Las redes sociales y las plataformas digitales no pueden ser un estercolero, no pueden convertirse en letrinas donde cualquiera defeca sobre cualquiera con absoluta impunidad. ¡No puede ser!

JPM