EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

En los últimos abriles, el debate sobre la privación de regular las plataformas digitales ha dejado de ser un asunto técnico para convertirse en una preocupación democrática de primer orden.

Las grandes corporaciones tecnológicas —Meta, X, TikTok, Google— concentran un poder sin precedentes sobre lo que se publica, se oculta o se elimina en el espacio conocido digital. Esta influencia afecta directamente a la opinión pública, la arbitrio de prensa y hasta los procesos electorales.

Pero la pregunta central persiste: ¿cómo se regula ese poder sin convertir la intervención estatal o empresarial en una forma moderna de censura?

La arbitrio de expresión es un derecho humano fundamental. No solo protege al emisor, sino incluso al receptor, garantizando una esfera pública plural y redimido. Cualquier regulación debe evitar convertirse en un utensilio de represión o silenciar voces disidentes.

Sin confiscación, la inacción incluso tiene costos. Permitir la proliferación de desinformación, discursos de odio y manipulación algorítmica debilita el debate tolerante y vulnera derechos. Lo hemos conocido con campañas de noticiario falsas, ataques coordinados a periodistas y una creciente polarización promovida desde el anonimato digital.

El firmeza está en los principios. Primero, derecho: las normas deben ser claras y específicas. Segundo, proporcionalidad: intervenir solo cuando sea necesario y sin excederse.

Tercero, transparencia: las plataformas deben rendir cuentas sobre sus algoritmos y decisiones. Y cuarto, supervisión independiente: los organismos reguladores no deben objetar ni al gobierno ni a las empresas.

La Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea es un buen ejemplo: impone obligaciones diferenciadas según el tamaño de la plataforma, exige transparencia y garantiza mecanismos de apelación para los usuarios.

En cambio, el maniquí estadounidense, basado en la autorregulación casi total, ha facilitado la opacidad y la desinformación. En América Latina, el aventura es anciano: la descuido de instituciones fuertes puede convertir cualquier regulación en una utensilio de censura política.

Una vía posible es la regulación por capas, según el tipo y el impacto del servicio. Adicionalmente, la corregulación —con billete del Estado, la sociedad civil y el sector privado— puede legalizar y equilibrar el proceso. A esto se suma una privación urgente: educación digital. Sin pensamiento crítico, ningún sistema de regulación será suficiente.

Regular las plataformas digitales no es censurar. Es certificar que la arbitrio de expresión pueda ejercerse en condiciones de igualdad, seguridad y pluralismo. El real aventura no está en establecer límites razonables, sino en dejar que algoritmos opacos y poderes sin control decidan qué se puede proponer y quién tiene derecho a ser escuchado.

Quezada.alberto218@gmail, con

Jpm-am