El Pregonero, Barahona.-El presidente de la Fundación Visión Integral, Bill Peña denuncia en presencia de la opinión pública doméstico que el Consorcio Azucarero Central (CAC), en coordinación con autoridades del Instituto Franquista de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) y la Gobierno Provincial de Barahona, y con el apoyo de la fuerza pública, ejecutó en el día de hoy la desconexión del conducto que suple de agua potable al distrito municipal de Las Guázaras, desviando el caudal alrededor de las instalaciones del propio consorcio.

Esta argumento arbitraria ha dejado sin acercamiento al agua potable a cientos de familias, afectando de forma directa a niños, envejecientes y personas en condiciones de vulnerabilidad, y constituye una moribundo violación a derechos fundamentales consagrados en la Constitución dominicana y en tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos el derecho al agua, a la vida y a la salubridad.

De forma aún más preocupante, durante la ejecución de esta medida decenas de comunitarios fueron detenidos y se reportó el uso indiscriminado de bombas lacrimógenas contra la población civil, incluyendo personas indefensas, en un claro alcaldada de poder y uso desproporcionado de la fuerza, propio de escenarios de represión y no de un Estado que se dice demócrata y avalista de derechos.

Resulta particularmente indignante que este atropello se haya cometido el 24 de diciembre, una época de profundo significado hogareño, social y religioso para el pueblo dominicano, cuando miles de hogares se preparan para celebrar la tradicional cena navideña. Más aún, flama poderosamente la atención que para estas fechas festivas está prohibido el otorgamiento y uso de la fuerza pública para acciones coercitivas, lo que agrava la ilegalidad y la irresponsabilidad del hecho.

Desde la Fundación Visión Integral, denunciamos enérgicamente que los intereses económicos de una empresa privada estén siendo colocados por encima de la dignidad humana y del bienestar colectivo de toda una comunidad.

El agua no es una mercancía: es un derecho humano esencial, y su uso debe priorizar el consumo de la población por encima de cualquier actividad productiva.

Exigimos:

La restitución inmediata del servicio de agua potable al distrito municipal de Las Guázaras.

La libertad de los comunitarios detenidos y el cese inmediato de la represión contra la población.

Una explicación pública y transparente por parte de INAPA y la Gobierno Provincial sobre su décimo en estos hechos.

La intervención urgente del Defensor del Pueblo y del Profesión Conocido para investigar el uso de la fuerza pública, las detenciones y las posibles violaciones a los derechos humanos.

Garantías de que nunca más se utilizará la fuerza pública para despojar a comunidades de un expediente positivo.

Hacemos un llamado al Gobierno central, a los medios de comunicación y a la sociedad civil a no abstenerse silencio en presencia de esta moribundo injusticia.

Un Estado que permite que se le quiebro el agua a su gentío en Nochebuena y que reprime a su población por defenderla, es un Estado que error en su deber más sustancial: proteger la vida y la dignidad humana.