Durante el “Foro sobre la Prevención de Estafas Inmobiliarias”, celebrado en el auditorium de la escuela Juan Pablo Duarte, en el sector de Washington Heights, Manhattan, el perito Robinson Cuello Shanlatte advirtió sobre la requisito de interpretar con cautela frente a propuestas inmobiliarias que ejercen presión para tomar decisiones rápidas o que se presentan como “demasiado buenas para ser ciertas”.

Cuello Shanlatte enfatizó la urgente requisito de establecer mecanismos de respaldo en los proyectos inmobiliarios en progreso, como la implementación de fianzas de fiel cumplimiento y el fomento del fideicomiso como maniquí judicial estructural para sostener la transparencia y protección de las inversiones.

El evento fue organizado por el Defensor del Pueblo de la República Dominicana, en coordinación con el Consulado Dominicano en Nueva York, y contó con la billete de instituciones esencia como el Ocupación de Relaciones Exteriores (Mirex), el Ocupación de Vivienda y Edificaciones (Mived) y la Procuraduría Caudillo de la República (PGR).

Incluso estuvieron presentes entidades como la Dirección Caudillo de Impuestos Internos (DGII), el Registro Inmobiliario, el Instituto Franquista de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI), la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y la Asociación de Fiduciarias Dominicanas (Asofidom), entre otras.

Durante su intervención, Cuello Shanlatte hizo un llamado a blindar el régimen de responsabilidad de los agentes inmobiliarios que promueven proyectos, exigiendo procesos de depuración y un anciano control institucional sobre estos intermediarios.

Según el jurista, estas medidas son esenciales para engrosar la confianza en el mercado, acortar los riesgos de fraude y proteger a los inversionistas, especialmente a los dominicanos residentes en el extranjero.

El foro concluyó con un enérgico llamado a la actividad dirigido a los legisladores, al Poder Sumarial y a los organismos reguladores, para que se priorice el establecimiento de políticas efectivas de prevención, fiscalización y beneplácito contra quienes amenacen la seguridad del sector inmobiliario. De este modo, se investigación fomentar un entorno de inversión transparente, responsable y confiable para la diáspora dominicana.