El diputado Rafael Castillo, denunció que el presupuesto del Consistorio de Santo Domingo Este parece mas un entramado fraudulento que un presupuesto a ejecutar.

El presupuesto consentido por el Consistorio de Santo Domingo Este para 2026, al igual que el sancionado en 2025, confirma una política deliberada del corregidor. Se proxenetismo de una orientación dirigida a crear un esquema expansivo similar al de SENASA: crecer sin respaldo efectivo, sin planificación y sin correspondencia con los ingresos efectivos. En el caso de SENASA, el aumento irracional de afiliados sin el correcto sustento terminó siendo calificado por la Procuraduría como un entramado de negocios turbios. En Santo Domingo Este no se puede afirmar, por ahora, que el aumento presupuestario tenga fines ilícitos, pero lo ocurrido en 2025 obligaba, como insignificante, a un prueba obvio de transparencia para ajustar el presupuesto a la ingenuidad económica del municipio.

El presupuesto correspondiente al año 2025, enhiesto a RD$3,579,901,791.17, fue consentido con un aumento del 59.75 % respecto al monto ejecutado el año previo, que fue de RD$2,241,014,035.86. Este incremento, considerado desproporcionado y carente de sustento técnico y de una planificación seria, se convirtió en el longevo brinco presupuestario en la historia de Santo Domingo Este y posiblemente de cualquier otro municipio del país.

El 3 de septiembre, la delegación municipal recortó 315 millones de pesos del desembolso de inversión para redistribuirlos de la futuro guisa: 10 millones adicionales para publicidad, orientada a promover la imagen del corregidor; 20 millones más para la Policía Municipal; 200 millones no previstos para el servicio de aseo y 50 millones para cuentas por fertilizar. Los hechos no tardaron en desmentir el relato oficial de eficiencia.

El desorden es evidente. Por un costado, se gasta por encima de lo presupuestado en partidas de víctima prioridad; por otro, se despoja de capital a áreas cuyo presupuesto ni siquiera se estaba ejecutando. Un caso fuera de toda dialéctica es el de las deudas: de 75 millones presupuestados, al vallado del tercer trimestre ya se habían pagado 311 millones. La pregunta es obligatoria: ¿a quiénes se les pagó y por qué? La interrogante cobra longevo peso cuando ex empleados cancelados de esta diligencia continúan peregrinando por sus prestaciones laborales, pese a que el Gobierno Central asignó 85 millones de pesos extraordinarios precisamente para saldar esas obligaciones.

Entre 2015 y 2023, el presupuesto municipal se redujo en tres ocasiones respecto al año previo. En dos de esos casos, la razón fue clara: la cobro efectivo quedó por debajo de lo proyectado y los técnicos ajustaron el nuevo presupuesto a la ingenuidad.