Elías Báez
SANTO DOMINGO.- La Dirección Universal de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) cuestionó el uso de los fondos acumulados en la Cuenta de Capitalización Individual (CCI) del trabajador para financiar pensiones por discapacidad de carácter permanente.
Elías Báez, director de la entidad, explicó que la ley establece que dichas prestaciones deben cubrirse con la prima del seguro de vida.
La DIDA impugnó la Resolución 624-05 del Consejo Doméstico de Seguridad Social (CNSS), conveniente a que «afecta de guisa pesado los intereses de los afiliados».
El petición reglamentario sometido por la institución solicita al CNSS suspender de inmediato los pertenencias de dicha resolución, iniciar un nuevo proceso de revisión con la décimo de todas las entidades del sistema y aplicar la retroactividad conveniente prevista en el artículo 13 de la Ley 107-13, con el objetivo de reparar los derechos de los afiliados cuyos siniestros y solicitudes se produjeron antaño del 20 de mayo de 2025.
Báez afirmó que la nueva regulación “mantiene vigentes los pertenencias de restricciones ya anuladas” por el Tribunal Constitucional, al excluir los casos anteriores a la sentencia y suprimir garantías como el inspección de la pensión desde el diagnosis médico.
Asimismo advirtió que la resolución elimina el derecho de traspaso entre Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), incluso en situaciones de derechos adquiridos, lo que —según la entidad— genera contradicciones normativas y debilita la protección del sistema de pensiones.
Recordó que anteriormente había solicitado al CNSS la adecuación del resolución póliza conforme al sentencia del Tribunal Constitucional, así como su décimo en las mesas técnicas de discusión, recomendaciones que no fueron acogidas.
Reiteró que toda reforma reglamento debe evitar cualquier forma de regresividad y avalar que no se utilicen los fondos del trabajador para cubrir prestaciones que legalmente corresponden a las aseguradoras, conforme a lo dispuesto en la Ley 87-01.
Dijo que continuará utilizando los mecanismos administrativos y judiciales necesarios para reforzar la protección de los afiliados al sistema de seguridad social, en particular de los sectores más vulnerables.
jt-am
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