El autor es comunicador. Reside en Nueva York

POR LUIS M. GUZMAN

En mayo de 2025, el gobierno dominicano introdujo al Congreso un plan de Ley Orgánica de Emancipación de Expresión y Medios Audiovisuales, con la finalidad de sustituir la antigua Ley 6132 de 1962.

El contexto digital y el ecosistema mediático presente exigen una reforma reglamentario que aborde tanto los nuevos medios como los derechos fundamentales en un Estado demócrata. Esta iniciativa, sin secuestro, ha generado tanto expectativa como preocupación entre sectores de la sociedad civil y el periodismo.

El plan propone la creación del Instituto Doméstico de Comunicación (INACOM), que regulará los contenidos difundidos en radiodifusión, televisión, redes sociales y plataformas digitales. Aunque el INACOM estaría adscrito al Tarea de Civilización, se le otorga autonomía eficaz, presupuestaria y personalidad jurídica. Sin secuestro, el hecho de que sus directivos sean propuestos por el Poder Ejecutor y ratificados por el Senado genera dudas sobre su independencia efectivo.

El INACOM podrá imponer sanciones, suspender espectáculos y solicitar informaciones a los medios de comunicación. Si admisiblemente se estipula que la mayoría de estas medidas deben contar con orden sumarial, se exceptúa esta exigencia en casos de «protección a la preliminares» o violación a la «dignidad humana». El problema reside en que uno y otro conceptos carecen de definiciones precisas en el interior del texto reglamentario, abriendo la posibilidad a usos discrecionales y restrictivos.

El plan exige que plataformas digitales con más del 10% de usuarios dominicanos tengan representación reglamentario en el país y revelen públicamente sus políticas de moderación de contenido. Esta disposición sigue modelos regulatorios internacionales, pero su aplicabilidad restringido plantea desafíos legales, técnicos y diplomáticos, especialmente con empresas tecnológicas extranjeras.

Una sección valiosa del plan es la despenalización de las expresiones y publicaciones, eliminando la posibilidad de que periodistas o ciudadanos vayan a prisión por sus opiniones. Las sanciones serán civiles, como multas o suspensiones temporales, lo que representa un avance frente a legislaciones pasadas que criminalizaban la crítica.

Por otra parte, se consagran derechos esenciales para el deporte del periodismo: el secreto profesional, la cláusula de conciencia y la observación ética. Igualmente, se reafirma el derecho al acercamiento universal a Internet y se prohíbe toda forma de censura previa, lo que garantiza el principio de autogobierno de expresión ex frente a.

El proceso de redacción contó con la billete de una comisión múltiple liderada por el jurista Namphi Rodríguez y figuras de peso en el periodismo doméstico como Miguel Franjul, Inés Aizpún, Edith Febles y Huchi Lora. Asimismo, se realizaron consultas con organismos internacionales como la ONU, UNESCO, CIDH y la Sociedad Interamericana de Prensa, lo cual refuerza su legalidad técnica y su afiliación con estándares internacionales.

Miedo

A pesar de estos logros, el temor generalizado es que esta ley pueda transformarse en un útil de censura si es manipulada por gobiernos autoritarios. La experiencia histórica dominicana demuestra que los mecanismos legales, aunque diseñados con buenas intenciones, pueden volverse herramientas de represión cuando no existen controles democráticos eficaces.

Luego, es urgente dotar al plan de definiciones jurídicamente estrictas y crear órganos independientes de fiscalización del INACOM. Todavía se hace necesario que la sociedad civil, los gremios periodísticos y la corporación participen de guisa constante en la evaluación de su implementación.

La reforma reglamentario de los medios no puede reducirse a controlar el contenido. Debe contribuir a consolidar una civilización democrática basada en la pluralidad, el respeto al disenso y la transparencia informativa. Una buena ley de expresión no es la que calla al crítico, sino la que protege su derecho a incomodar.

Finalmente, la eficiencia de esta nueva constitución dependerá menos de su redacción original que de su aplicación concreta. En un país donde la institucionalidad es frágil, la vigilancia ciudadana y el recuento manifiesto serán fundamentales para evitar retrocesos democráticos.

El plan contiene avances relevantes, pero asimismo zonas grises que deben afinarse. La República Dominicana está frente a una oportunidad histórica de modernizar su constitución sin comprometer los títulos esenciales de una sociedad soberano y plural.

Jpm-am