San Juan, 11 may.- La delegación legislativa del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) condenó el activo «discriminatorio y inmoderado» que resultó en el apresamiento de 53 trabajadores de cuna dominicana en el sector turístico citadino del Condado.

«Denunciamos lo que se ha convertido en una violación sistemática de derechos humanos a la población inmigrante de Puerto Rico por parte del gobierno federal con el silencio del gobierno del PNP (Partido Nuevo Progresista), que se mantiene callado delante esta desmán», expresaron los legisladores del PIP en una enunciación conjunta.

El diputado Denis Márquez Lebrón, portavoz independentista en la Cámara de Representantes, estos resolución representan una embestida a la dignidad humana y un ataque sistemático a las comunidades vulnerables.

Destacó que la directora en Puerto Rico de Investigaciones de Seguridad Franquista (HSI, siglas en inglés), Rebecca González Ramos, reconoce que «usa poderes del estado para sobrellevar intenciones basadas en perfiles raciales en búsqueda de inmigrantes para detenerlos y deportarlos en violación a las más básicas garantías constitucionales del oportuno proceso de ley».

Las personas apresadas el miércoles 8 de mayo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) trabajaban en un tesina en el hotel La Concha, contratados por una empresa de construcción.

La portavoz del PIP en el Senado, María de Lourdes Santiago, estableció que «delante la campaña antiinmigrante, lo que vemos del gobierno locorregional es la total indiferencia, ignorando los vínculos que, como puertorriqueños, tenemos con el pueblo dominicano».

«Reiteramos el llamado para la aprobación de carta radicada por petición de la ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles) que rastreo establecer espacios protegidos y protección a los derechos fundamentales de las comunidades migrantes», dijo la senadora, asimismo vicepresidenta del PIP.

Para Márquez Negrón «es una infamia que un camarilla de personas esté trabajando y contribuyendo al país, y que son parte integral de nuestra sociedad, que sean detenidos como criminales en un acto inmoderado en violación de los derechos humanos».

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