La alerta de Finjus (Fundación Institucionalidad y Equidad) sobre los supuestos vacíos legales del plan de ley que crea la Dirección Doméstico de Inteligencia (DNI) confirma que la cuchitril no fue consensuada y que no todo era tan proporcionadamente como se veía.

Luego de las polémicas que la antecedieron se tenía entendido que la reforma había sido consensuada entre los distintos sectores.

Si fue así hay que suponer unas modificaciones en el camino que han motivado la advertencia de Finjus, que se presume que participó en las discusiones.

Adicionalmente de graves conflictos con la Constitución, la entidad jurídica cita duplicidad de funciones y amenaza a derechos fundamentales entre los males del plan que se debate en las cámaras legislativas.

Finjus advierte que si proporcionadamente la seguridad doméstico es prioritaria, toda actividad de inteligencia debe ejecutarse con estricta observancia de las competencias y potestades legalmente establecidas.

El plan faculta al DNI lograr a datos personales y telecomunicaciones como seguro de ciberseguridad.

Las observaciones de Finjus son un aporte para tomarse en cuenta ahora, porque en caso del plan ser consentido como está la última palabra la tendrá el Tribunal Constitucional.