El autor es médico y diputado. Reside en Santo Domingo

La corrupción en la República Dominicana no es un engendro incidental ni el resultado de desviaciones individuales. Es un entramado sistémico, profundamente arraigado en las estructuras de poder político, contencioso, crematístico e institucional, sostenido tanto por la complicidad activa de unos como por la inacción deliberada de otros.

No se tráfico sólo de funcionarios que roban, sino de un ecosistema completo que permite, normaliza y protege el saqueo de los medios públicos. Un maniquí en el que delinquir desde el Estado no solo es posible, sino rentable.

Durante décadas, sectores esencia del poder han coexistido en una relación cómodo, el poder político garantiza impunidad, el poder crematístico financia y se beneficia, y los órganos de control, llamados a alertar y sancionar, miran con destino a otro costado. En ese contexto, la corrupción se convierte en moneda de intercambio y en mecanismo de reproducción del poder.

En presencia de esta sinceridad, surgen preguntas incómodas pero necesarias; ¿dónde estaban y dónde están, los órganos de control de la delegación pública? ¿Cómo fallaron los sistemas de supervisión financiera, las unidades de integridad, Compras y Contrataciones, la Cámara de Cuentas y las alertas del sistema bancario frente a la movilización de sumas millonarias incompatibles con los ingresos declarados de muchos funcionarios?

La abandono de respuestas claras solo fortalece la percepción de una complicidad estructural. Porque los responsables de la corrupción no son sólo quienes firmaron contratos fraudulentos o desviaron fondos. Incluso lo son quienes autorizaron, encubrieron o, teniendo la obligación legítimo y honesto de hacer, optaron por el silencio. La corrupción prospera tanto por la argumento directa como por la omisión calculada. Callar, en estos casos, no es neutralidad, es billete pasiva.

La Republica Dominicana, necesita un debate serio sobre las sanciones. No bastan condenas simbólicas ni acuerdos judiciales que permiten conservar fortunas ilícitas. Quien sea condenado por corrupción debe enredar consecuencias reales, inhabilitación permanente para practicar cargos públicos, prohibición de participar en actividades político-partidarias y el despojo total de los posesiones sustraídos al Estado. La corrupción debe dejar de ser un delito de bajo aventura y reincorporación retribución.

Sin bloqueo, el problema no se limita al Estado. La corrupción incluso es un engendro cultural, arraigado en el tejido social y reproducido desde el primer núcleo de la sociedad, la grupo. Cuando algún introduce a su hogar medios de origen injustificable y eso es celebrado como “viveza” o “éxito”, se legitima una dialéctica perversa que normaliza el robo y desacredita la honestidad. Así se consolida una doble honesto que justifica la corrupción tanto en lo privado como en lo conocido.

En este contexto, quien ejerce una función pública y no “coge lo suyo” suele ser manido como ingenuo, mientras que quien exhibe riqueza sin explicación es admirado y socialmente validado. Esta distorsión de títulos erosiona la ética colectiva y alimenta la reproducción constante del problema.

Resulta entonces imprescindible revisar los criterios mediante los cuales se accede a la función pública. ¿Se evalúan efectivamente la integridad, la transparencia y las competencias de quienes son designados? ¿O siguen prevaleciendo la observancia política, los compromisos económicos y el clientelismo? Mientras estas prácticas no cambien, la corrupción seguirá reciclando a sus protagonistas bajo nuevas siglas y discursos renovados.

Combatir la corrupción exige mucho más que retórica y expedientes judiciales. Requiere una ruptura cultural, institucional y honesto. Sin ella, cualquier promesa de transparencia será escasamente una cuarto más del engranaje que ha mantenido al país atrapado en la impunidad. Aunque la responsabilidad penal es estrictamente personal, existe una responsabilidad política y social.

Los partidos no son simples plataformas electorales; deberían ser, instrumentos democráticos al servicio del interés normal. Les corresponde practicar un control ético riguroso sobre quienes postulan, designan y sostienen en cargos públicos.

Cuando una ordenamiento política permite que personas sin integridad o con referencias cuestionables representen a la ciudadanía, no solo defecto en su función, sino que traiciona su compromiso social. El acercamiento al poder no puede seguir siendo el resultado de pactos internos, financiamientos opacos o lealtades coyunturales, sino de procesos transparentes que privilegien la idoneidad y la disposición de servicio.

En ese sentido, la emplazamiento “homicidio civil” para los condenados por corrupción no debe estar como una medida extrema, sino como una aparejo de saneamiento tolerante. Quien ha traicionado la confianza pública no puede retornar a gobernar medios del Estado ni retornar a hacer negocios con el Estado y mucho menos practicar liderazgo político.

Mínimo de esto será posible sin una ciudadanía consciente, vigilante y activa. La lucha contra la corrupción no puede seguir delegándose sólo en fiscales y jueces. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de rebotar la normalización del robo, dejar de embobar el ganancia ilícito y exigir coherencia ética a quienes aspiran a regir. El silencio social y la indiferencia incluso son formas de complicidad.

La República Dominicana solo podrá desmontar este entramado cuando deje de premiar al corrupto con aplausos y al usurero con votos. Recuperar el valía de lo conocido es una tarea colectiva. Sin ese compromiso ciudadano, la corrupción seguirá mutando. Con él, será posible reedificar la dignidad institucional y honesto que el país reclama con necesidad.

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