El AUTOR es abogado y político. Reside en Santo Domingo.

El desfalco ocurrido en el Seguro Franquista de Vigor (SENASA) no solo destapa una estructura de corrupción administrativa sin precedente, sino que, adicionalmente, deja al desnudo poco más trascendental: el autoengaño institucional con el que el gobierno dominicano ha decidido determinar y celebrar su propia transparencia.

Mientras los medios públicos eran sustraídos y desviados, SENASA exhibía uno de los índices de transparencia más altos del sector divulgado, con calificaciones superiores al 90 % otorgadas por la Dirección Normal de Ética e Integridad Oficial (DIGEIG), entraña rector de la transparencia.

Este hecho revela un contrasentido que no puede ni debe pasarse por detención: ¿cómo puede una entidad exhibir un detención nivel de transparencia mientras en su interior se incubaba un fraude de grandes proporciones?

Aquí emerge una responsabilidad ineludible de la DIGEIG. Al mostrar estos índices como indicadores de ética e integridad, se genera una certificación implícita de buena conducta que termina siendo muy peligrosa.

Cuando se otorgan calificaciones tan altas, se está legitimando políticamente una administración; se está enviando un mensaje de confianza que desarma la fiscalización social y política. Pero resulta que ese mensaje se hallaba sustentado en la falsedad. Y sus consecuencias hoy están a la sagacidad de todos.

Pero el problema no es tanto que la transparencia fallara. El problema es que nunca los mecanismos de controles y transparencia estuvieron diseñados para impedir el saqueo. El maniquí vivo se limita a revisar si documentos están colgados en portales, si informes fueron publicados, o si se cumplió con una que otra rutina burocrática formal.

Pero la corrupción no se combate con archivos digitales ni con porcentajes acomodados y decorativos, sino con control existente, supervisión, comprobación, cruces de información, monitoreo y capacidad de alerta temprana.

El autoengaño consiste entonces, en creer, o hacer creer, que editar información equivale a transparentar la administración.

El desfalco en SENASA no puede entenderse como un hecho ocasional ni como una simple desviación individual. Es el resultado de un sistema que confunde ética con formalismo, y control con propaganda. Un sistema que llega siempre luego del escándalo y nunca antiguamente del daño.

Revisión a fondo

Mientras no se revise a fondo este maniquí de transparencia, el país seguirá atrapado en la misma paradoja: instituciones “transparentes” saqueadas y ciudadanos indignados y desprotegidos.

Porque una transparencia que no ve, que no alerta y que no impide el desfalco no es transparencia. Es autoengaño institucional.

El caso SENASA obliga a una revisión profunda del maniquí de transparencia pública en República Dominicana. O se transforma en una aparejo de control existente, con capacidad de detección y prevención, o debe admitirse que hoy funciona más como un aparato de propaganda institucional que como un escudo contra la corrupción.

Cuando una institución obtiene más de 90 % en transparencia y aun así se produce un desfalco millonario de esa magnitud, lo que rotura no es solo la entidad evaluada, sino el sistema de control y evaluación mismos.

Anunciar información, por sí sólo, no equivale a transparentar la administración si: no hay cruces de datos, no existen alertas tempranas, no se evalúa la congruencia entre lo publicado y la ejecución existente, y no se articula con auditorías, control interno y persecución penal.

De no ser así, la transparencia se convierte en una exterior institucional, una vitrina correctamente ordenada que esconde un almacén saqueado.

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