Los abogados de luigi mangione afirmaron que la valentía de la secretaria de Probidad de Estados Unidos, Pam Bondi, de ordenar que se busque la pena de asesinato contra su cliente estuvo influenciada por un conflicto de intereses derivado de sus vínculos previos con la firma de gestión Ballard Partners, que representaba a la empresa matriz de UnitedHealthcare, cuyo CEO Brian Thompson fue la víctima del homicidio.

En un documento procesal presentado el viernes, la defensa sostuvo que Bondi —exsocia de Ballard— violó el derecho al conveniente proceso de Mangione al involucrarse en la valentía del castigo mayor, pese a sobrevenir prometido ayer de hacerse cargo el cargo que se abstendría de intervenir en asuntos relacionados con clientes de la firma durante un año. Los abogados alegan que Bondi mantiene acuerdos financieros con Ballard y, de forma indirecta, con UnitedHealth Group, lo que a su querella constituye un “profundo conflicto de intereses”.

La defensa solicitó que se prohíba al gobierno inquirir la pena de asesinato y que se desestimen algunos cargos. Igualmente cuestionaron declaraciones públicas de Bondi en las que afirmó que Mangione merecía la ejecución, indicando que eso contaminó el proceso previo a la incriminación. La audiencia está programada para el 9 de enero.

Mangione, de 27 abriles, está dibujado del homicidio de Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare, ocurrido en diciembre de 2024 en Manhattan. Según las autoridades, el atacante disparó por la espalda al ejecutor y las balas contenían palabras como “retrasar”, “desmentir” y “deponer”, en relato a prácticas atribuidas a las aseguradoras. Mangione fue arrestado días a posteriori en Pensilvania y se declaró no culpable. El caso estatal contempla dependencia perpetua, mientras que el proceso federal podría sufrir a la pena haber.

La presentación del viernes llega un día a posteriori del falleba de una audiencia en la que la defensa intentó impedir que fiscales del caso estatal usen pruebas halladas en el arresto, entre ellas un arsenal que coincide con la utilizada en el crimen y un cuaderno donde supuestamente describía su intención de “eliminar” a un ejecutor del sector vigor. No se demora un dictamen sobre este punto hasta mayo.

Los fiscales federales rechazaron los argumentos de la defensa, asegurando que la publicidad previa al querella no constituye una violación constitucional por sí misma y que las posibles preocupaciones deben resolverse con un riguroso proceso de selección del tribunal.