@abrilpenaabreu

La Superintendencia de Bancos y la banca, en sentido común, deberían iniciar una campaña doméstico masiva y permanente. Las quejas por clonaciones, robos electrónicos y la error de respuestas asertivas, efectivas y rápidas ya no son episodios aislados: son tendencia diaria en redes sociales.

En fechas como estas, donde el tránsito de caudal se multiplica por las festividades navideñas, los estafadores —cada vez más modernos, más rápidos y más sofisticados— hacen su agosto.

¿Y la banca? Perfectamente, gracias.

Hoy la política existente permite que un parcialidad se tome 60 y hasta 90 días para “investigar” un fraude. Eso no son plazos técnicos: eso son meses.

Meses en un país con sueldos bajos, donde una plástico de débito no es un boato financiero, sino el salario completo de una comunidad.

No se puede pretender que una persona sobreviva dos o tres meses sin su sueldo, sin respaldar arriendo, comida, transporte, medicamentos o escuela, mientras el parcialidad decide si reconoce o no un robo que, en muchos casos, era perfectamente detectable por patrón de consumo.

Para colmo, el becario pierde horas reportando el fraude, haciendo filas, llamando, llenando formularios. Y aun así, las alertas no se levantan a tiempo, los bloqueos no llegan, o llegan cuando el caudal ya desapareció.

Hay que decirlo con claridad:

no todo el mundo es perspicaz ni perito en fraudes digitales. Las modalidades cambian todos los días y cada vez son más difíciles de detectar. Por eso, la responsabilidad no puede recaer solamente en el cliente.

Lo que hace error es:

Una campaña masiva y constante de educación y alerta,

Sistemas de detección más inteligentes y proactivos,

Y, sobre todo, plazos de respuesta humanamente razonables, que prioricen al becario cuando se negociación de tarjetas de débito y caudal salarial.

Porque cuando el parcialidad se toma meses, el daño no es financiero:

es social, humano y profundamente injusto