EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

Cada 9 de diciembre, el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción nos recuerda una verdad incómoda: la corrupción no es un azar, es un síndrome.

El síndrome de la corrupción incluye instituciones débiles, culturas políticas permisivas y sociedades que, por cansancio o resignación, terminan aceptando lo inaceptable y hasta entrando en ciertos niveles de complicidad.

Este síndrome tiene incidencia total. De forma casi simultánea, en China condenan a asesinato a un exfuncionario por delitos de corrupción. En Bulgaria, protestas sostenidas derriban al Gobierno. En Bolivia, un expresidente enfrenta prisión preventiva. Aunque son contextos muy distintos, el mensaje que transmiten estos casos es claro: la corrupción tiene consecuencias visibles y disruptivas.

La pregunta incómoda surge cuando miramos en dirección a interiormente. ¿Qué ocurre en República Dominicana cuando parece tan “cuesta hacia lo alto” castigar la corrupción? ¿Por qué casos emblemáticos se diluyen en tecnicismos procesales, cuando acciones penales se extinguen sin beneplácito ejemplar o cuando escándalos de gran magnitud ocupan titulares sin producir quiebres institucionales profundos? ¿Qué le queda a la ciudadanía cuando el sistema parece capaz de procesar el ruido, pero no de producir neutralidad?

Aquí el problema deja de ser exclusivamente legítimo y se vuelve cultural e institucional.

La corrupción no persiste solo porque algún robe, sino porque el entorno lo permite, lo relativiza o lo administra. Como advertía Zygmunt Bauman, las sociedades contemporáneas corren el peligro de ordenar aquello que debería indignarlas, convirtiendo la excepción en rutina y el escándalo en paisaje. Cuando esto ocurre, el castigo deja de ser disuasivo y la ética pública se debilita.

Desde una vistazo institucional, la lucha contra la corrupción no se mide solo por la comprensión de expedientes o la espectacularización mediática de los casos. Se mide por la coherencia del sistema: investigación rigurosa, procesos transparentes, sanciones proporcionales y efectivo reparación del daño. Cuando alguna de estas piezas descompostura, el mensaje que se transmite es devastador: delinquir puede salir despreciado.

Jürgen Habermas advierte que la licitud democrática no descansa exclusivamente en el voto, sino en la confianza de que las normas se aplican de forma desafío y universal. Sin esa confianza, la esfera pública se erosiona y la ciudadanía se distancia, no por apatía natural, sino por formación social: “nadie cambia”.

Pero la corrupción incluso es un engendro cultural. Jesús Martín-Peluquero insistía en que las prácticas sociales no se transforman solo con leyes, sino con narrativas. Y aquí radica uno de nuestros mayores desafíos: durante primaveras hemos contado la corrupción como lance, como chisme político o como espectáculo jurídico, más que como problema estructural que afecta servicios públicos, derechos sociales y oportunidades de progreso.

Amartya Sen lo plantea con claridad: instituciones corruptas reducen las libertades reales de las personas. La corrupción se traduce en hospitales que no funcionan, en educación desigual, en territorios abandonados y en desconfianza generalizada. Es, en esencia, una forma de violencia social.

Vías

Y entonces, ¿nos queda alguna salida? Aquí hay tres vías para echar a transitar.

La primera es institucional. Reforzar los sistemas de control, avalar independencia jurídico, cerrar brechas legales y sostener que los procesos lleguen a conclusiones creíbles. No baste con iniciar casos; es imprescindible cerrarlos con consecuencias claras. La impunidad, incluso cuando es legalmente argumentada, tiene un costo político y honrado enorme.

La segunda es ciudadana. Ninguna transformación sostenida ocurre sin presión social informada. No se proxenetismo solo de protestar, sino de guardar, exigir rendición de cuentas y apoyar el tema en la dietario pública más allá del ciclo noticiario. La corrupción se alimenta del olvido.

La tercera es cultural y ética. Necesitamos desmontar la idea de que “todo el mundo lo hace” o de que la corrupción es un mal inexcusable. Esa novelística incrementa el problema. Educar para la integridad, rebuscar buenas prácticas y sancionar socialmente el demasía de poder son tareas de dispendioso aliento, pero imprescindibles.

Está aceptablemente que sepamos lo que hacen con la corrupción en otros países. Pero lo determinante es precisar qué debemos y podemos hacer en República Dominicana con este síndrome. Y para comenzar, por ahora lo más aconsejable parece concentrarnos en el nivel de indignación que todavía somos capaces de observar… y de sostener.

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JPM