Por Néstor Estévez

Cada 9 de diciembre, el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción nos recuerda una verdad incómoda: la corrupción no es un azar, es un síndrome.

El síndrome de la corrupción incluye instituciones débiles, culturas políticas permisivas y sociedades que, por cansancio o resignación, terminan aceptando lo inaceptable y hasta entrando en ciertos niveles de complicidad.

Este síndrome tiene incidencia total. De modo casi simultánea, en China condenan a asesinato a un exfuncionario por delitos de corrupción. En Bulgaria, protestas sostenidas derriban al Gobierno. En Bolivia, un expresidente enfrenta prisión preventiva. Aunque son contextos muy distintos, el mensaje que transmiten estos casos es claro: la corrupción tiene consecuencias visibles y disruptivas.

La pregunta incómoda surge cuando miramos en dirección a interiormente. ¿Qué ocurre en República Dominicana cuando parece tan “cuesta en lo alto” castigar la corrupción? ¿Por qué casos emblemáticos se diluyen en tecnicismos procesales, cuando acciones penales se extinguen sin legitimación ejemplar o cuando escándalos de gran magnitud ocupan titulares sin producir quiebres institucionales profundos? ¿Qué le queda a la ciudadanía cuando el sistema parece capaz de procesar el ruido, pero no de producir razón?

Aquí el problema deja de ser exclusivamente legítimo y se vuelve cultural e institucional.

La corrupción no persiste solo porque cualquiera robe, sino porque el entorno lo permite, lo relativiza o lo administra. Como advertía Zygmunt Bauman, las sociedades contemporáneas corren el peligro de homogeneizar aquello que debería indignarlas, convirtiendo la excepción en rutina y el escándalo en paisaje. Cuando esto ocurre, el castigo deja de ser disuasivo y la ética pública se debilita.

Desde una observación institucional, la lucha contra la corrupción no se mide solo por la tolerancia de expedientes o la espectacularización mediática de los casos. Se mide por la coherencia del sistema: investigación rigurosa, procesos transparentes, sanciones proporcionales y positivo reparación del daño. Cuando alguna de estas piezas error, el mensaje que se transmite es devastador: delinquir puede salir rebajado.

Jürgen Habermas advierte que la legalidad democrática no descansa solamente en el voto, sino en la confianza de que las normas se aplican de modo lucha y universal. Sin esa confianza, la esfera pública se erosiona y la ciudadanía se distancia, no por apatía natural, sino por estudios social: “nadie cambia”.

Pero la corrupción igualmente es un aberración cultural. Jesús Martín-Afeitador insistía en que las prácticas sociales no se transforman solo con leyes, sino con narrativas. Y aquí radica uno de nuestros mayores desafíos: durante primaveras hemos contado la corrupción como peculiaridad, como chisme político o como espectáculo jurídico, más que como problema estructural que afecta servicios públicos, derechos sociales y oportunidades de exposición.

Amartya Sen lo plantea con claridad: instituciones corruptas reducen las libertades reales de las personas. La corrupción se traduce en hospitales que no funcionan, en educación desigual, en territorios abandonados y en desconfianza generalizada. Es, en esencia, una forma de violencia social.

Y entonces, ¿nos queda alguna salida? Aquí hay tres vías para echar a rondar.

La primera es institucional. Robustecer los sistemas de control, asegurar independencia jurídico, cerrar brechas legales y apuntalar que los procesos lleguen a conclusiones creíbles. No puntada con iniciar casos; es imprescindible cerrarlos con consecuencias claras. La impunidad, incluso cuando es legalmente argumentada, tiene un costo político y honrado enorme.

La segunda es ciudadana. Ninguna transformación sostenida ocurre sin presión social informada. No se proxenetismo solo de protestar, sino de custodiar, exigir rendición de cuentas y sostener el tema en la dietario pública más allá del ciclo noticiario. La corrupción se alimenta del olvido.

La tercera es cultural y ética. Necesitamos desmontar la idea de que “todo el mundo lo hace” o de que la corrupción es un mal fatal. Esa novelística incrementa el problema. Educar para la integridad, recordar buenas prácticas y sancionar socialmente el extralimitación de poder son tareas de abundante aliento, pero imprescindibles.

Está perfectamente que sepamos lo que hacen con la corrupción en otros países. Pero lo determinante es precisar qué debemos y podemos hacer en República Dominicana con este síndrome. Y para comenzar, por ahora lo más aconsejable parece concentrarnos en el nivel de indignación que todavía somos capaces de observar… y de sostener.